El poder constituyente: deconstrucción (¿y reconstrucción?) de un mito. Notas al hilo del libro de Requejo Pagés.

1. Poder constituyente y mitos jurídicos.

El poder constituyente es una figura jurídica que genera fascinación en juristas y no juristas. Si habitualmente el Derecho constituye un universo de límites que muchas veces tienen por objetivo cohonestar el ámbito de proyección de varios poderes, o de un poder y de un ámbito de inmunidad en continuo proceso de pugna y redefinición, el poder constituyente representa por el contrario, según su consideración habitual, un poder (casi) absoluto, omnímodo, ilimitado. Bajo esta formulación común, el poder constituyente ocupa, dotado de su virtualidad transformadora y de su correlato oscuro de amenazante libertad, una posición fundamental en la teoría constitucional sobre la que se construyen los modernos Estados democráticos de Derecho.

Es bien sabido, sin embargo, que las disciplinas jurídicas sufren en ocasiones de una marcada tendencia a incurrir en mitificaciones y dogma(tismo)s doctrinales que poco tienen que envidiar a los de las religiones. De entre estos últimos no es el menor el que alza a la Ley al altar de norma jurídica por antonomasia, en tanto que producto directo de la voluntad popular, obviando las profundísimas revisiones de que dicho instrumento normativo ha sido objeto desde su primigenia formulación teórica en los albores de la Revolución francesa. Quizás no es aventurado señalar que el del poder constituyente es, junto con la de la Ley, otra figura jurídica que tiende a mostrarse envuelta en una aureola casi mítica que puede favorecer una devoción acrítica de los postulados originales de los que el concepto bebe, y obstruir, por tanto, una revisión actualizadora y realista del mismo.

2. Validez y aplicabilidad. El ordenamiento como compuesto de varios sistemas normativos.

Pues bien, el libro de Juan Luis Requejo Pagés que ahora comentamos (“Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente”) se propone precisamente acometer dicha revisión, y lo hace avanzando desde su propio título una valiente voluntad de atacar el mito en que, según él, habría degenerado el poder constituyente. La tesis del autor parte de una aguda distinción conceptual entre la validez y la aplicabilidad de las normas que recuerda poderosamente a la operada en Constitución, la obra de Muñoz Machado de cuya recensión nos ocupamos hace ya más de un año, y que titulamos significativamente De la validez a la aplicación. 

Esta distinción conduce a una conceptuación del ordenamiento jurídico como conjunto de sistemas normativos de diverso origen (el organizado por el último constituyente, los previos a la actuación de éste, los de origen internacional, el Derecho nobiliario, etcétera), cuya concreta articulación en términos de prioridad aplicativa constituye el cometido fundamental de la Constitución, sin perjuicio de que ésta pueda arbitrar, por añadidura, un sistema normativo propio a través de la fijación de reglas que disciplinen el proceso de producción de normas, y por tanto condicionen su validez. Dicho en otros términos, la Constitución tiene por función esencial acoger y ordenar los diversos sistemas normativos de distinto origen y establecer cómo y en qué orden se aplicará cada uno de ellos; por añadidura, puede organizar un sistema normativo propio, típicamente el que se sustancia en las normas internas nacionales como leyes y reglamentos.

No pretendemos, como es obvio, agotar aquí todas las consideraciones (algunas, por descontado, ciertamente discutibles) que, a partir de ese primer esquema, se van desgranando en el libro (sin ir más lejos, las críticas a la actual regulación constitucional de la reforma o la consideración que deba recibir el Derecho nobiliario en un sistema democrático) pero, antes de referirnos a una cuestión que estudiaremos más detenidamente, interesa en todo caso destacar que el libro de Requejo Pagés, que discurre a caballo entre el Derecho constitucional y la teoría del Derecho, consigue con éxito limar determinados excesos conceptuales y discursivos en que se suele incurrir, por mor de subrayar la importancia que en nuestro sistema jurídico ocupa el principio democrático, a la hora de definir el alcance pretendidamente ilimitado del poder constituyente. Y lo hace, y no es poco el mérito que cabe atribuirle por ello, consiguiendo que las (en ocasiones) turbulentas aguas iusteóricas no enfanguen un lenguaje que permanece siempre perfectamente inteligible.

 

3. Los límites de un (¿inminente?) proceso constituyente.

En cualquier caso, parece que el de los límites del poder constituyente (constituido) será un tema ampliamente debatido en el otoño caliente político que se avecina. En efecto, como quiera que algunos actores políticos parecen decididos a embarcarse en la empresa de la reforma constitucional (el PSOE lleva reclamándola al menos desde 2012; Ciudadanos también la considera necesaria; Izquierda Unida la propone a menudo en su discurso, sobre todo para revertir la modificación del artículo 135 e instaurar un régimen republicano; en el caso de Podemos, la reivindicación de un proceso constituyente ocupa un lugar medular en su discurso; incluso el PP parece no ser ya tan reacio a la idea), no es improbable que el poder constituyente vaya a despertarse del largo letargo en el que lleva sumido (con escasas y en ocasiones controvertidas excepciones que se reducen a dos) desde el año 1978.

Ahora bien, el poder constituyente constituido o poder de reforma que emerja de ese eventual proceso estará sujeto a diversos límites, para cuya identificación el libro que comentamos es especialmente ilustrativo. Por de pronto, y como es obvio recordar a título liminar, el poder de reforma deberá discurrir por el procedimiento del artículo 167 de la Constitución si pretende acometer una reforma ordinaria, y por el agravado del artículo 168 si se trata de una reforma total o que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.

Pero es en los límites propiamente dichos, y particularmente en aquéllos de origen externo, en los que se concretarán la mayoría de territorios vedados (al menos jurídicamente vedados, como se precisará más adelante) al poder de reforma. La obra que comentamos, en su esfuerzo constante por hacer descender al poder constituyente de las alturas de la teoría política al mucho más terrenal ámbito del Derecho positivo, insiste especialmente en la eventualidad de que, con anterioridad a la entrada en acción de un determinado poder constituyente, se haya acometido de la mano de uno anterior una incorporación de sistemas normativos externos que, por mandato de aquél constituyente anterior en el tiempo, sean de aplicabilidad preferente a las normas internas. En ese caso, el cumplimiento de ese Derecho internacional (lato sensu) conllevará necesariamente que las materias ya disciplinadas por él no puedan ser reguladas por la nueva Constitución más que, a lo sumo, supletoriamente. Dicho en otros términos, el fiat transformador del poder constituyente, sea éste originario o constituido, no podrá hacer abstracción de los compromisos internacionales por los que, a través de la incorporación de sistemas normativos externos, el Estado se haya obligado en virtud de los mandatos de un constituyente anterior. Expuesto aún más crudamente, el poder constituyente dispondrá de un alcance todo lo ilimitado que se quiera, mas únicamente limitado a aquellas materias cuya regulación (preferente) no haya sido transferida a un sistema externo.

El pensador y político revolucionario Emmanuel-Joseph Sieyès, en su obra “Del tercer estado”, sentó las bases teóricas del poder constituyente que han calado en el imaginario jurídico de occidente

Pues bien, como el lector habrá podido percatarse ya, es muy pequeño el salto necesario para pasar de dicha construcción teórica a la actual situación constitucional española. En efecto, el ordenamiento jurídico español cuenta ya con sistemas normativos externos de aplicación preferente al interno. Dicha condición puede predicarse, obviamente, del Derecho internacional stricto sensu que, según el artículo 96 CE, no podrá ser modificado por ninguna norma interna (precepto del cual la doctrina colige de manera pacífica la prioridad aplicativa de dicho Derecho sobre el interno), pero sobre todo del Derecho de la Unión Europea, probablemente uno de los exponentes más complejos de Derecho transnacional que se haya conocido. Y es que lo cierto es que, en virtud del artículo 93 CE, que fue redactado teniendo precisamente en mente una eventual adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, el sistema normativo del antes llamado Derecho comunitario se introduce en el ordenamiento jurídico español. Ahora bien, esa acogida del Derecho de la Unión Europea es extremadamente rica en consecuencias, y particularmente en lo que en este post nos interesa: en virtud del principio de primacía de este Derecho (constantemente proclamado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la célebre sentencia Costa vs Enel de 1964), sus contenidos son de aplicación preferente a los de los sistemas normativos internos de los países miembros (los numerosos matices y peculiaridades que conoce esta doctrina de principio, particularmente en razón del principio de efecto directo, no alteran en lo sustancial sus consecuencias sobre la cuestión del poder constituyente).

¿Qué implica esto para el supuestamente omnímodo poder constituyente? No podemos expresarlo mejor que el propio autor del libro que comentamos: “el constituyente puede instaurar un sistema normativo propio en el que se regulen, en cualquier sentido, materias ya disciplinadas en normas de procedencia externa; puede, también establecer un régimen de aplicación preferente de las normas propias y decretar la inaplicabilidad de toda norma internacional. Ahora bien, decisiones de esa especie, perfectamente irreprochables en su validez, no tendrán otro alcance que el que resulte de su aceptación por el sistema externo. Sólo serán efectivas si los poderes constituidos, en cumplimiento del mandato que reciben del constituyente en orden a la estructuración del Ordenamiento con arreglo a aquellos criterios de articulación, logran que, por vía de las correspondientes denuncias –esto es, a través de los cauces jurídicos previstos por el sistema internacional–, se decrete la inaplicabilidad de los Tratados en los que se regulan las materias que el constituyente quiere que la Constitución discipline de manera directa y prevalente. De no lograrlo, las previsiones constitucionales, perfectamente válidas, serán, no obstante, supletoriamente aplicadas”[1].

Es decir, el eventual mandato del poder de reforma consistente en establecer una regulación contradictoria con la contenida en un sistema externo (pongamos que contrario a un Tratado de la Unión o a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo) no podrá surtir efectos jurídicos[2] sino tras haber procedido los poderes constituidos a conseguir la inaplicabilidad de esa disposición externa, inaplicabilidad que no podrá alcanzarse más que por las vías jurídicas instauradas por dicho sistema externo. Dicho aún más concretamente: si el poder constituyente constituido que hipotéticamente emerja estos próximos meses pretende, digamos a título de ejemplo, imponer algún tipo de limitación al sacrosanto dogma de la libre circulación de personas, mercancías, capitales y mercancías gravado en el mármol de los Tratados de la Unión, o prohibir el derecho de huelga que se entiende incluido en el Convenio 87 de la OIT, ello no comportará que dicho fiat constituyente sea de inmediata aplicación en términos jurídicos, sino que corresponderá a los poderes constituidos resolver la discordancia que, de este modo, se habrá establecido entre la Constitución y los Tratados de ese sistema normativo europeo (o el Derecho de la OIT) que, según sus propios principios (a los que la Constitución remite como preferentemente aplicables), prima sobre los sistemas internos.

No obstante, puede entenderse que caben dos modos de llevar a la práctica dicho mandato constituyente que, siguiendo con el primer ejemplo, consistiría en la imposición de controles y límites generales a la circulación de personas o capitales. Por un lado, y abstracción hecha de una hipotética e improbabilísima renegociación de los Tratados, mediante el referido recurso a las vías jurídicas de denuncia establecidas por el Derecho de la Unión Europea. Por otro, si se entendiese (al contrario de lo que hace el autor) que ese mandato constituyente es en efecto ilimitado y que por su propio poder posee la virtualidad de que sus preceptos sean instantáneamente aplicables por encima de cualquier otro sistema normativo concurrente, ese mandato podría llevarse a la práctica a través de un incumplimiento unilateral de las obligaciones que, por mandato de los artículos 45.1 y 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recaen sobre el Estado español.

Ahora bien, en el caso de optar por esta segunda opción, España incurriría en una actuación antijurídica en la medida en que contravendría el Derecho de la Unión cuyo principio de primacía un constituyente anterior aceptó por vía de remisión[3]. Se aprecia aquí el importante alcance del aserto del autor según el cual “el verdadero poder constituyente del Ordenamiento en su conjunto es un agregado de diversos poderes constitutivos, tantos cuantos en el pasado hayan decidido la integración de sistemas sobre cuya aplicabilidad pro futuro no cabe decisión unilateral alguna desde una Constitución nacional posterior”[4].

Es también aquí donde procede recordar que el autor se cuida mucho de precisar que su razonamiento opera únicamente en el plano del deber ser jurídico, y de que dicho marco puede, eventualmente, ser fácilmente desbordado por la fuerza material de los hechos que puedan producirse en el marco fáctico del ser. Expresado más claramente, la primera de las opciones ofrecidas en la disyuntiva, aquélla consistente en interpretar los nuevos límites constitucionales a la libre circulación de personas y capitales como condicionadas en su efectividad a que el conflicto normativo con preceptos en sentido contrario procedentes de sistemas externos se resuelvan con arreglo a los mecanismos de denuncia de esos sistemas, es la única lícita en Derecho, sin perjuicio de que no se pretenda prejuzgar la concreta actuación fáctica que, llegado el caso, adoptarían los poderes constituidos.

 

4. Lo bueno, si real, dos veces bueno: del mito a la realidad.

Estas disquisiciones doctrinales que, sin perjuicio de que puedan resultar discutibles en algunos extremos, incitan a relativizar un poder constituyente pretendidamente omnipotente cuya efectividad real está, por el contrario, mediatizada por la incorporación al ordenamiento jurídico de sistemas normativos externos, no deberían conducir a minusvalorar en exceso la potencialidad de que se active el poder constituyente.

Antes al contrario, consideramos que la constatación de que la máxima voluntas populi, suprema lex[5] no sea verdaderamente cierta sino a término y tras discurrir por determinadas vías jurídicas no implica una afrenta al mismo, sino que puede resultar incluso una herramienta útil para manejar mejor los tiempos de un eventual proceso constituyente (que, reconozcámoslo a la vista de la actual correlación de fuerzas, muy improbablemente optaría por adoptar decisiones abiertamente contrarias a los Tratados de la Unión Europea o al derecho de huelga).

En definitiva, la transferencia de amplísimas parcelas de soberanía desde los Estados a la estructura supranacional que es la Unión Europea no ha llegado al punto de que existan ámbitos materiales vedados a los poderes constituyentes nacionales. Ahora bien, esa reflexión debe completarse con la asunción de que determinadas decisiones constituyentes, si contradicen disposiciones de los sistemas normativos externos como el de la Unión Europea que han sido previamente incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales, deben discurrir, si quieren ser jurídicamente procedentes, por los cauces establecidos por dichos sistemas para resolver esas contradicciones, cauces que, habida cuenta de la relevancia del principio de primacía en el caso de la Unión Europea, son muy escasos más allá del abandono de la misma.

Dicho sea en términos más gráficos, cualquiera que pretenda asaltar los cielos constitucionales por la derecha o por la izquierda deberá tener en cuenta que en ese Olimpo constitucional, además de al dios constituyente español, también deberá acomodar a otros dioses, y particularmente al del Derecho de la Unión Europea. Nada más y nada menos.

[1] Página 63, el subrayado es nuestro.

[2] Como veremos, el razonamiento del libro y las consecuencias que se extraen de él se circunscriben voluntariamente al ámbito estrictamente jurídico, y no a las realidades fácticas que puedan eventualmente desbordarlo.

[3] Página 119: “La desatención de los límites externos por parte de poder de reforma no se traduce en la antijuridicidad de la revisión, pues la obra del constituyente constituido –como la del originario– fundamenta en sí misma, e incondicionadamente, su validez. Esa inobservancia, por lo demás, sólo sería tal en el supuesto de que la nueva Constitución dispusiera, expresamente y con efectos inmediatos, la inaplicación o aplicación subsidiaria de las normas externas ya incorporadas al Ordenamiento; más precisamente, si prohibiera que los órganos constituidos interpretaran el nuevo régimen de aplicación de normas en otros términos que los jurídicamente obligados, esto es, como un régimen condicionado en su operatividad al éxito de la denuncia del Tratado en el marco del sistema externo. Fuera de ese supuesto –de verdadera infracción del orden jurídico internacional y, por tanto, sólo resoluble, a la postre, en términos de eficacia–, toda reforma de la Constitución que se cifre en la instauración de un nuevo modelo de aplicación de las normas externas ha de interpretarse antes como un mandato de actuación jurídica en el sistema normativo externo que como una desatención deliberada de las exigencias resultantes de la integración de normas internacionales. En consecuencia, la verdadera infracción del Derecho internacional vendrá dada, bien por la reforma que prohíba el proceder de los órganos constituidos con arreglo a las prescripciones de ese Derecho, bien por la negativa de esos órganos a ajustarse a ese procedimiento cuando la Constitución, implícitamente, le obliga a observarlo”. El subrayado es nuestro.

[4] Página 77.

[5] Aserto con el que se cierra la obra La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente de Pedro de Vega, varias veces citada en el libro de Requejo Pagés e igualmente recomendable.

Kafkaren “Prozesua” ikuspuntu juridikotik: ohar labur batzuk

“1. Pertsona orok eskubidea du bere kausa Legean aurreikusita dagoen Auzitegi independiente eta inpartzial batek ekitatiboki, publikoki eta arrazoizko epe batean aztertzeko […]. Epaia publikoki eman beharko da […].  3. Akusatu orok, gutxienez, honako eskubide hauek izango ditu:  a) lehenbailehen […] bere aurka formulatu den akusazioari eta honen zioei buruzko informazioa xehetasun guztiekin jasotzeko“.

Giza Eskubideen babeserako Europako Hitzarmenaren 6. artikulua

“1. Gizabanako guztiek eskubidea dute, beraiei dagozkien eskubide eta interes legitimoak egikaritzean, epaile eta auzitegien babes eragingarria lortzeko, eta ezin daiteke inoiz ere babesgabetasunik gerta.

2. Halaber, guztiek dute eskubidea […] abokatuaren defentsa eta laguntza izateko, haien aurkako akusazioaren argibideak jasotzeko, jendaurreko prozesua bidegabeko atzerapenik gabe eta berme guztiekin burutzeko, euren buruen babeserako egoki diren frogabideak erabiltzeko, beren buruen aurka adierazpenik ez egiteko, errudun direla ez aitortzeko, eta errugabetasun-presuntzioa izateko.”

Espainiako Konstituzioko 24. artikulua

Halako zerbait dio Facebookeko denboralerro literaturzaleetatik Twitterreko zerrenda snobetara saltoz salto ibiltzeaz jada maiztuta egon behar duen Kafkaren aipu batek: “soilik kozka eta zizt egiten diguten liburuak irakurri behar ditugula uste dut. Irakurtzen ari garen liburuak ez bagaitu aurpegian jasotako ukabilkada batek bezala esnarazten, zergatik hura irakurtzen nekatu? […] Behar duguna ezbehar mingarri batek bezala edo geure burua baino gehiago maite genuen norbaiten heriotzak bezala kolpatzen gaituzten liburuak dira, edozein giza presentziatik urruti, baso urrunenetara erbesteratuak, suizidio moduko batean, sentiarazten gaituzten liburuak. Liburuak geure barneko itsaso izoztua hausten duen aizkora izan behar du. Hori da uste dudana“. 

Akaso Kafkaren beraren Prozesuak irakurlearengan halako efektua duela esatea askotxo izango da, baina ezin uka azken lerroak irenstearekin bat liburuak ez duela preseski gorputzaldi fina uzten. Joseph K. akusatuaren gorabeheren eta Kafkaren lanari eman beharreko interpretazioei buruz hamaika iruzkin egin direnez eta harrobi horretan ekarpen urria egin dezakegula jakinik, perspektiba juridikotik helduko diogu gaiari, hor ere badago eta zer komentatua.

Izan ere, badirudi Kafkak eskubide prozesalen babesa helburu duten konstituzio eta hitzarmen guztiak hartu, mix azkar bat egin eta eskubide eta berme guztiak atzekoz aurrera jarri dituela, zein baino zein eraginkorrako eta gupidagabeago zapuztua izan zitezen. Norberaren etxera baimen judizialik gabe sartzen diren poliziak, akusazio konkreturik jakinarazten ez duen eta urteetan zehar luza daiteken prozesua, argitaratzen ez diren epaiak, absoluzioa irudikatu ere egin ezin izan daiteken testuingurua… Hitz batean, Espainiako Konstituzioak debekatzen duen babesgabetasun horren kintaesentzia moduko bat. Egileak trebeziaz marrazten du gizabanako bakartiaren gainean bere tranpa guztiak ixten dituen monstruo aurpegigabe hori, akusatuaren traketskeria sendaezina lagun, bere lotura sozial guztiak higatzen eta pozoitzen gutxinaka diharduen makina nekaezina.

“Baina Estatu konstituzional batean bizi naiz!“, egiten du oihu obraren hasiera aldean Joseph K. protagonistak. Gutxirako balioko dio berari uste horrek, bistan da, baina ematen du zer pentsatua oinarrizko eskubideei buruz. Izan ere, Bigarren Mundu Gerra osteko Europan, eta gerora beste herrialde batzuetan, Konstituzioetan jasotako oinarrizko eskubideak izaera zurruna bereganatu zutenetik (hots, zuzenean aplikagarri bihurtu eta, ondorioz, haien kontrakoak ziren legeak baliogabe deklaratzeko balio izan zutenetik), hiritarren oinarrizko eskubide horiek babesteko tresna judizialak izugarri ugaritu dira (lehentasunezko prozedura judizialak, auzitegi konstituzionalak, Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren sorrera eta garapena eta abar) eta, bere inperfekzio serio guztiekin ere, egungo egoera ez da XX. mende hasierakoaren oso antzekoa.

Hala ere, Joseph K. zorigaiztokoak pairatzen duen infernu prozesalak beta ematen du eskubide prozesal edo prozedurazkoak, askotan eskubide formal edo formazkotzat jotzen direnak (deitura hori ia era peioratiboan gehituta), merezi duten gisan balioesteko. Izan ere, hein bateraino normala da gorabehera ekonomiko larriak igarotzen ditugun garaietan hezkuntzarako, osasunaren zainketarako edo etxebizitza duinerako eskubidea bezalako eskubide prestazionalak aldarrikapen politiko eta hausnarketa juridikoen erdigunean kokatzea, baina tamala litzateke horrek, kolpe berean, prozedurazko eskubideen gutxiestea ekarriko balu. Zeren jakina baita edozerren balioa, baita eskubideena ere, horiek galtzen direnean nabaritzen dela nabarmenen.

Esan diezaiotela bestela Joseph K.-ri…

BONUS: orain dela gutxi El País-en Babelia gehigarri kulturalak Kafkaren nobelarik ezagunenari eman beharreko izenaren (Metamorfosia vs. Eraldaketa) inguruko artikulua argitaratu zuen.

Zuzenbidea ez da erretorika hutsala (eta eskerrak)

Twiterren @okerreko ezizena erabiltzen duen Jokin Azpiazu Carballo soziologo eta ekintzailea aditua da LGTB eta feminismo aferetan. Bere hainbat elkarrizketa eta artikulu daude eskuragai sarean, besteak beste Pikararen bidez ezagututako gogoeta hau, non begirada zorrotz eta eraikitzailez aztertzen dituen azken urteetan boladan dabiltzan maskulinitate berriak eta haiek sustatzen diharduten taldeak. Hein handi batean artikulu horrek eragindako inpresio onak bultzatuta jarraitzen ditugu bere Twitter kontuko txioak, eta soilik interes begirunetsu horretatik uler daitezke datozen iruzkinak.

Izan ere, hauxe zioen @okerreko-k, aurreko batean, oinarrizko eskubideei buruz:

Lehenik eta behin, esan beharra dago Atutxak esandakoa zentzugabekeria juridiko latz xamarra dela. Ez dakigu Atutxak erreferentzia egiten dien adierazpenak zehatz-mehatz nolakoak ziren, baina argi eta garbi dago arduradun politikoei “kudeaketa txarra leporatzeak” ez duela ezein oinarrizko eskubide urratzen. Izan ere, Konstituzioko 20. artikuluak errekonozitzen duen adierazpen askatasunak luze eta zabal babesten du kritika politiko oro, delitu bat egitea zuzen-zuzenean leporatzera lerratzen ez den bitartean, zeina ez den, dirudienez, kasu honetan gertatzen dena. Auzitegi Konstituzionala maiz mintzatu izan da adierazpen askatasunak gizarte demokratiko batean duen berebiziko garrantziaz, oinarrizko eskubideen artean lehentasunezko posizio batean dagoela esateraino (18. artikuluak aitortutako ohorerako eskubidearekin izan litzazkeen talken kasurako, adibidez).

Itsaso Atutxa, EAJren Bizkai Buru Batzarrek presidentea

Nolanahi ere, Itsaso Atutxaren adierazpenek ez dituzte zuritzen hurrengo bi txioetan esanikoak. Hasteko, gobernuek eta alderdiek “pertsonen oinarrizko eskubideak” izan ditzaketenik sinestezintzat jotzen bada ere, gobernuak administrazio publikoen parte dira (berorien gailur, zehazki), eta hala, pertsonifikazio juridikoa duen entitate juridiko-publiko baten —administrazio publiko baten, alegi— parte. Alderdi politikoak, orobat, asoziazio edo elkarte mota berezi bat diren heinean, pertsona juridikoak (Espainiako esamoldea) edo pertsona moralak (Frantziakoa) dira ezbairik gabe. Hortaz, pertsona-juridiko publikoen kasua gatazkatsuagoa eta ñarbartu beharrekoa bada ere, biak ala biak dira aplikagarri zaizkien oinarrizko eskubideen titular (ez, noski, bizitzarako eskubidearen titular), Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzia sendoaren arabera.

Pertsonifikazio juridikoaren teknika ez da derrigor ezagutu beharrekoa Zuzenbidean ari ez denarentzat, baina hirugarren eta azken txioan adierazitakoan koxka bat estuago —estuegi— jarraitzen du kontuak: “oinarrizko eskubideen diskurtso antiterrorista” aipatzen da. Tira, lehenik eta behin esan behar dugu post honek ez duela Zuzenbidearen defentsa leial eta ñabardura gabea izateko bokaziorik (aldarrikapen horiek, behar besteko ñabardurez eta zehaztapenez hornituta noski, hobeto adierazita aurki ditzake irakurle interesatuak Calamandrei edo Ihering bezalako erraldoi juridikoengan, Zuzenbideagan fedea-n eta Zuzenbideagatiko borroka-n, hurrenez hurren); aitzitik, bere asmoa da Zuzenbidearen halabeharrezko muga eta ezintasunen oso jakitun izanik, hala eta guztiz ere gizarte demokratiko batean (Zuzenbide Estatu demokratiko batean!) ukaezina eta funtsezkoa den bere funtzioa gogoraraztea.

Izan ere, oinarrizko eskubideak “diskurtso antiterroristaren” makulu huts izatera murriztea beroriek edozein sistema juridiko demokratikotan duten errotiko garrantziaren aurrean itsu izatea da. Elías Díaz Zuzenbidearen filosofoak, esaterako, Frankismoan eta harrez geroztik ere mugarri izan den bere “Zuzenbide Estatua eta gizarte demokratikoa” saioan, lau ezaugarri jotzen ditu ezinbestekotzat Zuzenbide Estatu baten existentziaren aitortza egiteko: herri borondatean oinarritutako legearen agintea, botere banaketa, Zuzenbidearen menpeko Administrazioa eta oinarrizko eskubideak. Beraz, terrorismoaren aurka aritzeko balio dute oinarrizko eskubideek, noski, zeren eskubide absoluturik ez badago ere, bizitzarako eta askatasunerako eskubideak baitira ziurrenik gainerakoen abiapuntua, baina baita askoz gehiagorako ere.

Elías Díaz Zuzenbidearen filosofoa, “Zuzenbide Estatua eta gizarte demokratikoa” saioaren egilea

Izan ere, Bigarren Mundu Gerra osteko garaipen juridiko nagusietako bat Konstituzioen (eta bertan zerrendatutako oinarrizko eskubideen) zuzeneko aplikagarritasuna izan da, beren behialako balio programatiko hutsa atzean utziz. Oinarrizko eskubideak edozein ordena juridikoren erdigune eta abiapuntua dira: beren efektua, urraezin duten funtsezko edukitik (Espainiako Konstituzioko 53. artikulua, Alemaniako Konstituzioko 19.a) haratago doa eta sistema juridiko osoa blaitzen du, ordenamendu juridiko osoa haien arabera eta haiekiko errespetuz interpretatu eta aplikatu behar baita, beren funtzionaltasuna eta irispidea maximizatzeko xedea botere publikoen jardunaren gidari delarik.

Oinarrizko eskubideak, zeintzuak ez baitaukate izen hori alferrik, ez dira inolaz ere diskurtso edo erretorika hutsala, aipatu bezain azkar airean desegiten diren kontzeptu etiko lauso eta onkeriazkoak, baizik eta, aitzitik, ororen askatasuna eta duintasuna ahalbidetu eta bermatzeko, efektu eta gorpuzte nabari eta ukigarriak dituzten tresna juridiko-teknikoak.

Hitz bitan, oinarrizko eskubideetan datza lotsagorritu gabe Zuzenbide Estatu demokratiko (beti inperfektu) dei daitekeenaren eta erregimen autokratikoen/totalitarioen/autoritarioen/diktatorialen arteko aldea.

Beste baterako utziko dugu LGTB kolektibokoetako kideekiko oinarrizko eskubideek izan ditzaketen berealdiko efektu positiboen ebokazioa, baina blog honetako beste artikulu batean jada aritu ginen, feminismoan (batez ere azkenaldiko legezko berritasunen karietara) zentrala den abortuaren gaiaren inguruan, abortatzeko edo amatasuna libreki planifikatzeko oinarrizko eskubide bat maila konstituzionalean atiortzeak lekarzkeen inplikazioetaz: hasteko, Konstituzioak halako oinarrizko eskubide bat errekonozituko balu, ezinezkoa litzateke gaur egun Espainiako Gobernua prestatzen ari den abortuari buruzko erregulazio murriztailea legez onartzea.

Froga paregabea oinarrizko eskubideak, eta oro har Zuzenbidea, erretorika hutsala baina askoz gehiago direla konturatzeko.

Santi Romanoren L’ordinamento giuridico: digresio linguistiko baterako aitzakia

Izenburua: El ordenamiento jurídico. Egilea: Santi Romano. Jatorrizko hizkuntza: italiera. Irakurketa hizkuntza: espainiera. Urtea: 1918. Argitaletxea: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Post hau liburu kritiken multzoan sartuko beharko dugu halabeharrez-edo, baina nekez topatuko du bertan irakurleak kritikaren edo analisi sakonaren zantzurik. Izan ere, Zuzenbidearen Teoria Orokorraren bideak, oro har, berez izaki sasitsuak, Santi Romanoren L’ordinamento giuridico bereziki nabarmentzen da bere konplexutasunean. Beraz, gure disekzio-esfortzuak legelari italiarraren pentsamenduaren sare trinkoetan galdu daitezen saiheste aldera, hobe edukiaren axaleko aurkezpen bat egitearekin konformatzea, segidan sarreraren mamia izango den excursus (juri)linguistikoan bete-betean sartu baino lehen.

Santi Romano legelari italiarra, L’ordinamento giuridicoren egilea.

Tira: zer da Zuzenbidea? Arau (eta printzipio) multzo bat. Horixe da, gutxi asko eta kasuan kasuan gehi dakizkiokeen beste datu eta informazio gehigarriekin, noizbait legelari izateko esperantzan Zuzenbide fakultatean hasten denak jaso ohi duen lehenengotariko definizioa. Araua, eta legea zehazki, kokatzen da Zuzenbidearen erdigunean. Egia da positibismo legalistak aspaldi jo zuela bere gailurra, eta legeak sistema juridikoan duen zentraltasuna inoiz baino higatuago dagoela gaur egun (Zuzenbidearen definizioko “eta printzipio” hori datu esanguratsua da zentzu horretan), baina, halere, ezin ukatu Zuzenbidearen ideia arauaren inguruan eraikitzen jarraitzen dela hein handi batean. Bada, Santi Romanok L’ordinamento giuridico argitara eman zuen garaian (1918an, alegia) are nabarmenagoa zen arau formalaren eta, batez ere, legearen monopolio hori.

Italiako Estatu Kontseiluko buru ere izan zenak tema berezia eskaintzen dio, beren lanaren hasieran, arauari ordena juridikoan damaion lekua zehazteari: ez du inolaz ere ukatzen errealitate juridikoa ulertzean eta aztertzean arauei rol erabakigarria eskaini behar zaienik. Are, onartzen du problema juridiko batzuetan Zuzenbidearen analisia arauen analisia baino ez dela izango. Baina Romanoren pentsamenduaren arabera Zuzenbidea ez dira arauak soilik, inondik ere. Bere idazlan honen bitartez, Romanok teoria instituzionalista edo ordinamentala deitu izan zaiona plazaratzen du (Hauriou frantsesak ere garatu zuena, nahiz eta Romano bera honen teoriengandik urruntzen saiatzen den testuan). Bere ustetan, Zuzenbidea arauetatik askoz haratago doan fenomenoa da, eta errealitate juridikoari itsukeriaz erreparatuta baino ezingo litzateke Zuzenbidea den fenomeno sozial zabal hori soilik arauetara mugatu. Hala, Zuzenbidea ordinamento giuridico edo ordena juridiko kontzeptuarekin parekatzen du, eta biak ala biak instituzioarenarekin, bere barrenean, besteak beste, arauak onartzen eta indartzen dituzten iturriak ere sartuz (guk ondo ulertu baldin badugu bederen, esan baitugu ez dela irakurketa xamur-xamurra, hain zuzen…). Hala, antolaketak, egiturak, ordenak, instituzioak, dute garrantzia Romanoren pentsamenduan, eta arauen fetitxismo moduko batetik urruntzeko nahiean efektibotasun printzipioa eta antzeko tresna teorikoak darabiltza Zuzenbidea, bere ustetan, zertan datzan azaltzeko. Lehen zatia ordinamento giuridico hori zertan den azaltzera eskaini ostean, existitzen diren ordena juridikoen arteko harremana eta elkarreragina aztertzeari ekiten dio bigarrenean.

Baina gatozen, zorabiagarriak izatera ere irits daitezkeen teoria hauek trakeski esplikatzeko gure saiakera apala egin ostean, Romanoren lanak iradoki digun eta hasieran aurreratzen genuen digresio linguistikora: nola esan ordinamento giuridico? Boteprontoan 5 modu ezberdin bururatzen zaizkigu baina, horiei heldu baino lehen, ikustagun italiera ez beste hizkuntza europarretan nola eman duten Romanok famatutako kontzeptu hau.

Hasteko, eta kontua uste zitekeen bezain erraza ez dela frogatzeko, ordinamento giuridico sarrerak ez du Wikipedian ez ingelesezko ez frantsesezko baliokiderik. Espainolez da kontua errazen: etimologia lagun, ordenamiento jurídico guztiz errotua dago praktika juridikoan, gero Espainiako Konstituzioari begirada bat botatzean egiaztatuko dugunez. El ordenamiento jurídico da, hain zuzen, guk irakurri dugun gaztelaniazko bertsioaren izenburua. Espainian ofizial diren katalanak eta galizierak, hauek ere etimologia lagun, ordenament jurídic eta ordenamento xurídico ematen dute. Portugesez ere, ordenamento jurídico.

Esku artean izan dugun espainierazko itzulpena: El ordenamiento jurídico.

Alemanierari heltzean hasten da kontua kolore zertxobait hartzen: Rechtsordnung; ordena juridikoa, alegia (gure aleman kaxkarrak traizio egiten ez badigu behintzat). Rechtsordnung izenburuz itzuli zuten hain zuzen Romanoren obra, Sebastián Martín-Retortillok bere hitzaurrean dioenez. Wikipediak txekierazko, polonierazko, eslovenierazko eta estonierazko ordainak ere eskaintze baditu ere, penaz aitor dugu horiek eremu ilunegiak direla guretzat ganorazko ezer esateko. Wikipediak frantsesarekin esku hutsik utzi bagaitu ere, badakigu L’ordinamento giuridico L’ordre juridique (hots, ordena juridikoa) gisa itzuli zutela frantsesera. Eta hizkuntzen itzuli osoa amaitu eta berriz hasierara iristeko, interes berezia du ingelesarekin gertatzen denak: hiztegiek legal system (hots, sistema legal edo lege sistema) gisa ematera jotzen badute ere, zinez esanguratsua da Santi Romanoren lanari buruzko artikulu batek bere laburpenean dioena: “The first part of this essay […] provides an outline of Romano’s theories; this account is intended to be sufficiently robust to benefit an English-speaking readership for which there is still no translated version of L’ordinamento giuridico available“. Alegia, ez dagoela ordinamento giuridico ingelesez emateko itzulpen adosturik. Jakinik ingelesez law-k zein esanahai zabala duen, horrekin eta legal system-ekin konformatu behar.

Hortaz, nola esan ordinamento giuridico? Lehenago aurreratu bezala, badira 5 aukera bederen:

• Ordena juridikoa: hitzez hitz ez aipatzen saiatu garen arren, beste erremediorik izan ez dugunean horrelaxe eman dugu artikulu honetan bertan. Hautu hori egiterakoan gogoan izan ditugu Ibon Sarasolak bere Euskara batuaren ajeak liburuan emandako tesi orokorrak (Sarasolak, baina, legeria hobesten du liburu horretan bertan ordinamento giuridicoren ordain gisa[1]), ikusita ordenamendu testu juridiko itzulietan baino topatzen ez dela eta frantsesak nahiz alemanak bide honetatik jotzen dutela. Horrez gain, espainieraz ere orden jurídicok badu predikamendua, nahiz eta ordenamiento jurídico jaun eta jabe izan gaur egun. Nolanahi ere, ez dugu ezein lege testutan horrela adierazita ikusi, eta Wikipediak Zuzenbideari eskinitako orrialdean “ordena juridikoa” aipatzen badu ere, guztiz bestelako esangura batez egiten du. Esan bezala, hauxe da gure hautua, baina plazer handiz utziko dugu argudio sendoz konbentzi gaitzaten beste baten alde.

• Ordenamendu juridikoa: lehen erdi-aipatu dugun bezala, espainieraz ezin zabalduago dago ordenamiento jurídico, lehenik eta behin Konstituzioan bertan. Gaude ordenamendu juridiko dela bere ordainik ohikoena testu itzulietan. Halaxe ematen du EHUk argitaratutako eta besteak beste Ibon Sarasolaren beraren aholkularitzarekin egindako itzulpenak.
• Antolamendu juridikoa: zalantzaz uzten gaituen izen honekin ematen du Konstituzioko ordenamiento jurídico Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) Konstituzioaren bere itzulpenean. Ezin uka antolamendu horrek baduela Romanoren teoria instituzionalistaren oihartzunik.
• Sistema juridikoa: ingelesaren bidetik jota posible litzakeen izendapena da, baina beldur gara ez ote den lausoegia. Gainera, egokia dirudi ordena juridikoa baina zabalagoa den eta praktika juridikoa nahiz eragile eta usadio juridikoak barnebiltzen dituen zera bat izendatzeko. Ez da baztertzekoa, edonola ere.
• Araubidea: oso oker ez bagaude, orain liburu berria kaleratu berri duen Pello Salabururi irakurria diogu Euskararen etxea bere lanean, ordenamendu juridikoaren aldeko hautua kritikatuz hain zuzen. Ez diogu itxura txarrik hartzen, baina akaso aproposagoa da esanahi generikoago baterako, araudiren sinonimo gisa edo.
• [Bonus track] Jada pixka bat arkaiko edo behintzat Axular-style geratu zaigun 1978an bertan egindako itzulpenak lege araugintza edo araugintza juridiko gisa (1. eta 9. artikuluetan, hurrenez hurren) ematen du Espainiako Konstituzioko ordenamiento jurídico.

Erakusten saiatu garen bezala, badirudi badirela ordinamento giuridico esateko hainbat modu zilegi. Guk egina dugu gure behin-behineko hautua, norbait beste hobe batekin konbentzitzen saiatzen den bitartean. Horretarako, artikulu hau argitaratzearekin batera, azpiko inkesta jartzeaz gain, gure erreferentziazko txiolari juridikoei galdetuko diegu, ea zer izendapenen alde jotzen duten.

 

[1] Legeriaren hautua ezinezkoa iruditzen zaigu, Romanoren tesiari jarraiki hain zuzen: Zuzenbidea ez bada arauetara mugatzen, are gutxiago legeetara. Izendapen alternatibo sendoagoak daudela ikusita, uste dugu badagoela nahiko motibo legeria, adiera horretarako behintzat, baztertzeko.

Brown vs. Board of Education y la segregación por sexo en España

Comentábamos el otro día, al glosar someramente el libro A History of the Supreme Court de Bernard Schwartz, cómo los 4 casos que eran objeto de análisis pormenorizado en dicho libro (Dred Scott; Lochner; Brown vs Board of Education; y Roe vs Wade), así como el propio Madison vs. Marbury que inauguraba la a la postre fecunda y decisiva judicial review de la constitucionalidad de las leyes, eran sentencias que bien podrían ser candidatas idóneas para formar parte, en este blog o en cualquier otro, de una sección consagrada al comentario de la jurisprudencia que ha marcado época en los distintos ordenamientos jurídicos.

No es nuestra intención inaugurar con este post dicha sección, que dejamos para más adelante, pero consideramos que asomarse, aun muy brevemente, a la sentencia Brown vs Board of Education puede arrojar cierta luz sobre un tema que salta periódicamente a la palestra de la actualidad política española. Nos referimos, cómo no, a la educación diferenciada, separada o segregada por sexo.

Es éste un tema polémico como pocos, y no cabe duda de que los más versados en el tema, sean partidarios o detractores de la educación segregada, podrán remitir a innumerables estudios, libros, artículos y papers llenos de sólidos argumentos en apoyo de sus respectivas posiciones. Sin embargo, para aquéllos que no podemos sino observar el tema con mirada de profano interés, es posible que el planteamiento de la sentencia Brown vs. Board of Education del Tribunal Supremo estadounidense sobre la educación segregada por razas sirva de referencia.

El movimiento americano por los derechos civiles resultó fundamental para la toma de conciencia social que, a la postre, pudo hacer posible la decisión Brown vs. Board of Education.

En dicha resolución, redactada por el Chief Justice Earl Warren y que contó con el apoyo unánime del resto de magistrados, el alto tribunal sentenció que “separate educational facilities are inherently unequal” y que, por tanto, la financiación pública de las escuelas segregadas violaba la cláusula constitucional sobre protección igualitaria de la decimocuarta enmienda. Según cuenta Schwartz en su recomendable historia del Tribunal Supremo, el Chief Justice Warren redactó su opinión en un lenguaje intencionadamente alejado de la jerga jurídica, comprensible para el ciudadano medio, con el explícito objetivo de que una sentencia que se presumía fuera a ser tan decisiva y controvertida pudiese ser accesible para cualquiera interesado en ella.

En efecto, el lenguaje sencillo de Warren incidió, más allá de los ropajes jurídicos con los que se pretendía (tra)vestir la educación segregada de los estados del sur profundo, en el innegable hecho de que una educación segregada en función del color de la piel no podía sino basarse en el convencimiento de la superioridad de unas razas sobre otras. Siendo tal convicción indudablemente discriminatoria y, por tanto, contraria a la equal protection clause de la decimocuarta enmienda, la declaración de inconstitucionalidad era la consecuencia obligada una vez la cuestión hubo llegado al Tribunal Supremo.

Innumerables autores, entre ellos el propio Schwartz, han cantado las virtudes de la jurisprudencia activa (o activismo judicial, que dirían sus detractores) del Tribunal Warren, de la que Brown vs. Board of Education es el ejemplo más palmario. Pero lo cierto es que la decisión unánime del Tribunal acertó al constatar que las decisiones de los poderes públicos por las que se establecían escuelas segregadas, por mucho que pudieran escudarse en argumentos (para)científicos (sobradamente contrarrestados, por lo demás, por la mayoría de estudios, entre los cuales se encontraban los famosos listados en la undécima nota a pie de página de la sentencia, la nota más famosa de la jurisprudencia constitucional estadounidense) y en la socorrida máxima de separate but equal, eran inescindibles de la creencia fundamentadora de dichas decisiones, según la cual existiría una natural inferioridad de unas razas respecto de otras, y concretamente de la negra respecto de la blanca. Una vez alcanzado el convencimiento de que ello era así, la declaración de inconstitucionalidad, como decíamos, estaba cantada.

¿Y en qué medida es Brown vs. Board of Education extrapolable a la realidad de la educación segregada por sexo en España? Pues todo parecería indicar que el paralelismo no es especialmente difícil: también en este caso, la educación segregada en función del sexo de los alumnos pretende dar por sentada una diferencia biológica, natural, (cuando no directamente una inferioridad) de un sexo respecto de otro que justificaría su educación diferenciada. Partiendo de dicha premisa, no es ilógico aventurar que la educación segregada se fijará como uno de sus objetivos prioritarios el reforzar dicha separación. Ello se deduce del hecho de que, si se acepta que el haber nacido con un sexo u otro condiciona a las personas tan profundamente como para que sea recomendable separarlas en la educación, no será difícil seguir con dicho razonamiento lógico para concluir que a cada sexo corresponden, por un puro hecho biológico, unos determinados comportamientos, roles, virtudes, defectos, funciones familiares y sociales, etcétera, todos los cuales habrá que inculcar y potenciar en la etapa educativa, dejando claro a niñas y niños qué (no) se espera de ellos y qué posición (no) les corresponde en sociedad.

El Ministro de Educación José Ignacio Wert se ha mostrado favorable a la financiación pública de la educación segregada en numerosas ocasiones.

Al fin y al cabo, si “separate facilites are inherently unequal” cuando se segrega por el color de la piel, cabe pensar que también lo serán cuando lo hagan por el sexo. El sexo es, junto con la raza y otras circunstancias, una de las causas odiosas de discriminación proscritas por el artículo 14 de la Constitución española (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). Sólo por ello, en nuestra opinión, debería la financiación (directa o indirecta) con dinero público de escuelas que segregan por sexo ser considerada inconstitucional, pero es que, a mayor abundamiento, el artículo 9.2 de la ley fundamental contiene un mandato meridianemente claro dirigido a los poderes públicos en este sentido (“corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”). A nuestros ojos, parece evidente que, en una situación en que uno de los sexos ha estado y sigue estando sistemáticamente preterido en innumberables aspectos sociales, económicos y culturales, financiar con dinero público instituciones educativas que intentar legitimar, reforzar y perennizar dicha separación, con efectos nítidamente desfavorables para uno de los dos grupos, va en dirección totalmente opuesta a dicho mandato.

Quedaría por analizar si los centros educativos sostenidos por dinero estrictamente privado estarían legitimados para proporcionar una educación segregada, o si también ello contravendría los citados preceptos constitucionales. Hace falta, sin duda, hilar más fino para resolver esta segunda cuestión, pero, si bien el mandato del 9.2 no alcanza sino a los poderes públicos y no valdría por tanto para este caso, seguiría siendo de plena aplicación la cláusula igualitaria y antidiscriminatoria del 14 (cláusula equivalente, recordémoslo, a aquélla sobre la que se basó el Tribunal Warren para declarar inconstitucional la educación pública segregada). En efecto, aunque en este caso entre también en juego el derecho fundamental a la libertad de enseñanza del 27.1, es necesario subrayar que el ejercicio de dicho derecho, partiendo de que ningún derecho es absoluto, no puede extenderse hasta el punto de amparar discriminaciones proscritas en el artículo 10, y que además, el artículo 27.2, como más tarde resaltaremos, impone un determinado ideario educativo que, por su rango constitucional, se impone a todos los operadores jurídicos y por supuesto a los poderes públicos. Si ninguna discriminación debe prevalecer, es claro que las actuaciones que efectivamente provoquen una no se deberán al legítimo ejercicio de un derecho (en este caso, la libertad de enseñanza), sino a una extralimitación antijurídica de quien pretende estar ejerciéndolo.

Tal y como afirma en su texto el profesor Salazar Benítez, difícilmente podrá la educación segregada por sexo garantizar una educación basada en la igualdad de género que la Constitución defiende como parte de su ideario educativo básico.

De un vistazo al panorama académico (léase una rápida búsqueda en Google), se desprende que en ciertos análisis doctrinales, si bien no se plantea, como en este post, la hipótesis de la inconstitucionalidad a radice de cualquier tipo de educación diferenciada (sea sostenida o no con fondos públicos), sí que se afirma la plena licitud constitucional de que el legislador prohíba su financiación pública. En este recomendable escrito del profesor Octavio Salazar Benítez de la Universidad de Córdoba, si bien en términos más depurados que los de este post, se defiende además que la igualdad de género que nítidamente dimana del artículo 14 CE se integra en el contenido esencial del artículo 27.2 (“la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”) y es por tanto coto vedado para el legislador, en el sentido de que éste no podrá, so pena de incurrir en inconstitucionalidad, financiar con fondos públicos los centros que segreguen a sus alumnos en función de su sexo.

En otros aportes doctrinales, como este escrito del profesor Benito Aláez Corral de la Universidad de Oviedo, se comparte tanto esta visión escéptica para con la educación segregada por sexo como la plena licitud constitucinal de excluirla de la financiación pública, con especial énfasis en la la función preponderante del legislador a la hora de desarrollar el derecho fundamental a la educación. Se rechaza, empero,  la posible inconstitucionalidad per se de la educación segregada por vía de remitirse a la libertad de configuración legislativa que la Constitución garantiza para que distintos (e incluso opuestos) proyectos políticos puedan materializarse en su marco.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha destacado en su jurisprudencia (concretamente en las Sentencias de 16 de abril de 2008 y de 23 de julio de 2012, por ejemplo) que “el derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes como una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza, no comprende el derecho a la elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos, siendo el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros conertados; esto es, forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de dirección de los centros privados que reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el art. 27.9 CE”. No obstante, también considera sin ambages, en sentido contrario al seguido en este post,  que la libertad de enseñanza ampara la educación diferenciada por sexos, sin perjuicio, como decimos, de que el legislador pueda excluir legítimamente dicho modelo educativo de la financiación pública.

Está por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos, a este respecto, tras la aprobación de la LOMCE por parte del Gobierno de Rajoy, pero no puede olvidarse que una hipotética declaración de inconstitucionalidad  (hoy improbable tal y como se encuentra la evolución de la jurisprudencia antes señalada), por parte del Tribunal Constitucional, de la educación segregada por sexo (sea únicamente en centros financiados con fondos públicos o en la generalidad de los mismos) por considerarla contraria al contenido esencial del artículo 14 y/o del 27.2, haría inútil a radice cualquier intento del legislador de obrar en este sentido.

Errugabetasun presuntzioa kasu mediatikoetan

Duela gutxi abian jarri den eta bestela ere gomendagarria den 25geltokia webgune añorgatarrean blog juridiko bat dagoela jakin genuen, gure ezuste eta plazererako, orain dela aste batzuk. Iban Ugarte Herrarte abokatuak idatzia, oraingoz apiril hasieran argitaratutako sarrera bat baino ez dago ikusgai Iuris tantum izenburudun blogean, baina, gehiagoren zain gauden bitartean, hizpide ederra eman digu post hau idazteko.

Errugabetasun presuntzioa dauka izena Ugarteren artikuluak, eta, nola ez, edozein ordena jurdikotan oinarri-oinarrizkoa den printzipio horretaz dihardu. Espainian Konstituzioko 24.2 artikuluak halaxe jasotzen du: “[…], guztiek dute eskubidea, legeak lehendik izendaturiko epaile arrunta izateko, abokatuaren defentsa eta laguntza izateko, haien aurkako akusazioaren argibideak jasotzeko, jendaurreko prozesua bidegabeko atzerapenik gabe eta berme guztiekin burutzeko, euren buruen babeserako egoki diren frogabideak erabiltzeko, beren buruen aurka adierazpenik ez egiteko, errudun direla ez aitortzeko, eta errugabetasun-presuntzioa izateko“. Izaera prozesaleko eskubideak biltzen dituen 24. artikuluan dago kokatuta, babesbide gehien (lege erreserba, funtsezko edukia, lehentasunezko prozedura sumarioa, babes-errekurtsoa) dituen lehenengo tituluko bigarren kapituluko lehenengo ataleko oinarrizko eskubideen artean, alegia, eta nahiz eta batez ere prozesu judizialetan den aplikagarri, bere eragina zigor administratiboak ezartzeko prozeduretara ere hedatzen da, Administrazioak zigortu nahi duenaren mesedetan. Frantzian, bestalde, Konstituzioak bere atarikoan egiten duen bidalketaren bitartez gaur egun indarrean dagoen Gizonaren eta Herritarraren Eskubideen Adierazpenaren (1789koa) 9. artikuluan bermatzen da: “Gizon oro presuntzioz errugabea izaki errudun deklaratua izan arte, berau atxilotzea ezinbestekotzat jotzen bada, berorretaz jabetzeko beharrezkoa ez den gogorkeria oro legeak zorrotz zigortu behar du“.

Ugartek berak nekez hobe daitekeen azalpena ematen du errugabetasun presuntzioaren inguruan: “Presuntzio honek dio inor ez dela kondenatua izango baldin eta epaiketa justu batetan […] zalantza arrazional guztiak gailenduko dituen frogak aurkezten ez badira. Eta gainera, froga horiek ez dira edozein modutakoak izango. Karguzko frogak behar dute izan eta oinarrizko eskubideen urraketarik gabe lortutakoak […]. Epaitegiak ez du inolako zalantzarik izan behar kondenatuaren erruduntasunari buruz. Ezta zalantza hori arrazoizkoa bada ere. Zalantzarik balego, kondenarik ez”. Gaiari hamaika ertzetatik hel dakioke (horietariko bat Ugartek berak hautatutakoa), baina guk bere postean sartu-irten azkar bat egiten duen kontu bat jorratu nahiko genuke, labur bada ere: prozesu judizial batean auzipetutakoei hedabideek ematen dieten tratamendua, alegia.

Izan ere, oinarrizko eskubideak batez ere botere publikoaren aurreko berme gisa pentsatzen badira ere, ez soilik botere publikoak, baizik eta herritar oro dago Konstituzioak xedatutakoaren mende (Espainiako Konstituzioko 9.1 artikulua); hala, begibistakoa iruditzen zaigu zenbait hedabidek, kasu mediatekoenetan batik bat, delituren bat egiteagatik atxilotuta edo auzipetuta daudenen errugabetasun presuntzioa modurik zabarrenean urratu ohi dutela. Hala gertatzen da, esate baterako, auzipetu bat, epaiketa egin baino lehen, zuzenean erruduntzat jotzen denean, edo atxilotu bat, norabait daramatenean, argazkilarientzako eta telebista kamerentzako bazka babesgabe bihurtzen dutenean (azken kasu honetan, Konstituzioak 18. artikuluan bermatzen duen norbere irudirako oinarrizko eskubidea ere jokoan legoke, eta Auzitegi Konstituzionalak jada hainbat babes-errekurtso baietsi edo estimatu ditu horrelako kasuetan, urtarrilaren 28ko 14/2003 epaiean, kasu). Oinarrizko eskubide horien urraketa larri hori, gure iritziz, argi eta garbia da eguna joan eta eguna etorri egunkarien azalak eta albistegien sarrerak ia osoki bereganatzen dituzten kasu mediatikoenetan.

Joera hau, gainera, zenbait hedabidek The Sun britaniarra bezalako tabloide estilo sentsazionalistaren bidetik gero eta sarriago jotzen duten testuinguru kezkagarrian kokatu behar da. Izan ere, gizartearen ongizatea eta egonkortasuna hamaika problema sozial eta politikok auzitan jartzen duten unean, zenbait botere-guneri oso komenigarria zaie herritarren arreta bihotza erraz bipiltzen duten krimen eta gertaeretara desbideratzea, beste afera politikoago eta, beraz, askos problematikoago batzuen kaltetan. Azken honek, baina, ondorio katastrofikoak baino ezin ditzake ekarri epe ertainera eta luzera.

Azken batean, delitu larriak tartean daudenean ez da erraza delituak berak eragin diezaguken arbuioa eta ustezko egileak beti ere mantendu behar dituen eskubideak bereiztea, baina, hasieran esan dugun bezala, ezinbestekoa da errugabetasun presuntzioa bezalako oinarrizko eskubideak errespetatzea Zuzenbide Estatu demokratiko batean bizi nahi badugu. Hortaz, eskubide hori modurik baztergarrienean urratzen dituzten egintzak salatzea eta deitoratzea baizik ez zaigu geratzen, gertaera eskandalagarriak izan ordez eguneroko ohitura bihurtuko ez badira.

A History of the Supreme Court; edo egungo AEBak tankeratu dituzten epai(le)en bilduma

Izenburua: A History of the Supreme Court. Egilea: Bernard Schwartz. Jatorrizko hizkuntza: ingelesa. Urtea: 1993. Argitaletxea: Oxford University Press.

Ez da erraza Estatu Batuetako Auzitegi Gorena bezalako instituzio bati buruz aritzea. Are gutxiago bere historia luzea, hamaika gorabehera, norabide aldatze, epai mugarri eta nortasun kasik mitologikodun epilez hornitua, 400 orrialde eskaseko liburu batean biltzea. Are zailagoa da hori guztia lortzea gehiegizko orokortasunen lausotasunean galdu gabe, kontakizun lineal gatzgabe bat osatu gabe, edo profanoak uxatuko lituzkeen lan akademikoega taxutu gabe. Alabaina, horixe da, hain zuzen, Bernard Schwartzek A History of the Supreme Court [Auzitegi Gorenaren Historia] honetan erdietsi duena: Amerikako Estatu Batuetako sistema politikoan berealdiko garrantzia duen instituzioaren historia, ez-adituentzako ere egokia den bolumen bakarreko lanean paratzea.

Estatu Batuetako Auzitegi Gorena

Izan ere, García de Enterríaren Democracia, jueces y control de la administración–eko oin ohar baten bidez ezagutu genuen liburu honek erabat asebetetzen du AEBetako Auzitegi Gorenaren historiara jakinminez hurbiltzen dena. Bere orrialdeetan zehar, irakurleak azken bi mende luzeetako historia estatubatuarra tankeratu duten epaien berri izango du, Auzitegia bere norabidean gidatu duten Chief Justice eta epaile mitikoen arrastoa jarraituko du eta, oro har, munduko Konstituziorik zaharrena garatzean Auzitegi Gorenak izan duen errotiko eragina igarri ahalko du.

Liburua 16 kapituluk osatzen dute. Horietako lau Auzitegiaren historian mugarri izan diren lau epairi eskaintzen zaizkie[1]. Modu kronologikoan, Schwartzek Auzitegiaren (eta hortaz, AEBen) historia markatu duten gaiak aletzen ditu: self-restraint deritzonaren eta ekintza judizial biziagoaren arteko tentsioa, azken honen mesedetan; Marshall, Story, Taney, Wendell Holmes, Frankfurter, Black edo Warren bezalako epaile handiek utzitako eragin ezabaezina; epaileen arteko giza harremanek ebazpenen taxuera nola baldintzatu izan duten; lidergo indartsu bat ezartzeko ahala, batzuetan, bikaintasun akademikoa baino garrantzitsuago gertatu izana; esklabotza, segregazioa, abortua edo ekintza positiboa bezalako afera delikatuetan Auzitegi Gorenak izan duen partehartze erabakigarria (ezinbestean hainbat polemika suntsigarri piztuz, bide batez); horiek eta gehiago dira irakurle interesatuak maisuki jorratuta aurkituko dituen gaiak.

Aldi berean, liburuak gogoetarako bidea eskaintzen du; AEBetako Zuzenbide Konstituzionala izaera jurisprudentzialeko Zuzenbidea zenbateraino den hausnartzeko parada, alegia. Izan ere, Marshallen garaitik Warreneneraino, Auzitegi Gorenaren eskuetan egon da Zuzenbide publiko estatubatuarraren lerro nagusiak marraztu eta berau garatzeko eginkizuna. Hots, 1789az geroztik indarrean den Konstituzio laburra berrehun urtetako gorabehera eta aldaketa amaigabeetara egokitzeko lan konplexua, Konstituzio batek daukan “Zuzenbide kontzentratu”[2] horren edukiak zehazteko eginbeharra, zeinaren eragina nabarmena den egungo AEBetako errealitate juridiko, politiko eta sozialean.

John Marshall, Auzitegi Goreneko Chief Justice ospetsuena

Ia behartuta, eta blogaren izenari ohore egiteko besterik ez bada ere, ezinbesteko zaigu aipatzea Schwartzen kontakizunak determinismo punttu bat duela soberan, akaso. Alegia, zenbaitetan Auzitegiaren eta bere jurisprudentziaren bilakaera aurrez idatzitako historia aldaezin eta halabeharrezkoa bailitzan aurkeztera lerratzen dela, oharkabean bada ere.

Edonola ere, liburuari buruzko iritzia positiboa da ezinbestean. Munduko Auzitegi Goren itzaltsu eta boteretsuenaren historia luze eta mamitsua, eduki juridiko nahiz extrajuridikoetan aberatsa, ezagutzeko jakinmina duenak, Zuzenbidean aditu edo profano, gogotsu irentsiko du Schwartzen eskuek ondutako harribitxi hau.

 

[1] Noizbait blog honetan mundu osoan zehar mugarri judizial gertatu diren epaien banaz banako analisi bat hasiko bagenu, Schwartzen liburu honetan banan-banako trataera duten Dred Scott, Lochner, Brown eta Roe vs. Wade ebazpenak hautagai paregabeak lirateke, baita legeen konstituzionaltasunaren kontrolean aitzindari eztabaidaezin den Madison vs. Marbury ere. Epaile mitikoen balizko bilduma batek ere erreferentzia saihestezin lituzke Marshall, Wendell Holmes, Frankfurter, Warren eta enparauak.

[2] Peter Lercheren karakterizazio famatuari jarraiki.

Abortatzeko eskubidea Konstituzioan?

Duela hilabete pasatxo, Pikara atari gomendagarrian “Oinarrizko eskubideei buruzko erreferendumak: demokrazia ala manipulazioa?” izeneko sarrera mamitsu bat argitaratu zuten J. Marcos eta María Ángeles Fernándezek. Sexu bereko bikoteen adopzioak ahalbidetuko lituzkeen legeak Portugalen izan duen bilakaera aztertzen du, itaun nagusi bat paratuz: posible al da oinarrizko eskubideei buruzko erreferendumik? Edo, sinpleago: oinarrizko eskubideen inguruan bozkatu al daiteke?

Artikuluak, bere muinetik zertxobait urrunduta, aspaldian buruan darabilgun ideia bati buruz hausnartzeko beta eman digu:  Estatu bateko Konstituzioak abortua oinarrizko eskubide gisa onartzeko aukera. Gai honi heltzeko, oinarrizko eskubideen kontzeptua juridikoki zehaztea komeni da.

Oinarrizko eskubide eta askatasunak edo eskubide konstituzionalak (ñabardurak ñabardura, oro har bi kategoriak parekatu daitezke), Konstituzio batek edo balio paretsuko testu batek onartutako eskubide urraezinak dira, giza duintasunaren eratorpen edo agermodu zuzenak. Historian zehar, hasiera batean, batez ere botere publikoaren ekintzaren aurreko balazta gisa irudikatu izan dira, botere publikoaren gehiegizko eskuhartze batek suposatu lezakeen balizko tiraniari aurre egiteko gizabanakoek dituzten berme minimo gisa, eta beraz botere publikoari iraganezinezko mugak finkatzen zizkioten tresna gisa (lehen belaunaldiko eskubide hauen adibide lirateke, esate baterako, adierazpen edo erlijio askatasunak). Gerora, baina, gutxi asko jabetza eta askatasuna bermatzea beste eginkizunik ez zeukan Estatua Estatu sozial bilakatzen joan den heinean, eskubide positiboak edo prestazionalak (eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak) ere oinarrizko eskubideen kategorian sartu ahal izan dira. Aurrerago, doktrina juridikoa oinarrizko eskubideen hirugarren belaunaldi batez ere mintzatu izan da, zeinak, besteak beste, ingurunearekin lotutako eskubideak barne hartuko lituzkeen.

Estatu Batuetako Bill of Rights, 1791ekoa.

Oinarrizko eskubideek giza eskubideekiko zuzeneko ahaidetasuna dute. Hala, giza eskubideen aitortza egiten duten nazioarteko testuek (hala nola, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak edo Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen Adierazpenak) eta oinarrizko eskubideak zerrendatzen dituzten xedapen konstituzionalek eduki oso antzekoa izan ohi dute. Oinarrizko eskubideak edo eskubide konstituzionalak bereizten dituen ezaugarria, hain zuzen, Konstituzio batean edo izaera paretsuko testu batean aitortuak izatea da, baina biek ala biek justifikazio material eta funtzio berberak dauzkate: gizakiaren duintasuna bermatzeko muga hautsiezinak izatea.

Hala, oinarrizko eskubideak bozkatu ezin dena[1] izango lirateke, hain zuzen: legezko testuek urratu edo inoratu ezin ditzaketen izaera konstituzionaleko eskubideak, botere legegilearen ekintza mugatu eta baldintzatzen duten marrak. Beren funtzio hau gutxiengoaren defentsarekin estu lotuta dago: gehiengo jakin batek, legeak onartzeko nahiko indar izanda ere, ezingo ditu gutxiengoen funtsezko eskubideak urratu, Konstituzioak bermatuta egongo baitira.

Beraz, gatozen harira: bozkatu al daiteke, erreferendum bidez, oinarrizko eskubideen inguruan? Galderari, artikuluaren egileek pausatzen duten gisan, ezezkoa erantzutea besterik ez dago, baina ezinbestekoa da munta handiko zehaztapen juridiko batzuk egitea.

Oinarrizko eskubidetzat jotzen baditu ere, abortuak eta adopzioak, eurek hertsiki, ez dute juridikoki oinarrizko eskubide izaerarik, ez daudelako Konstituzioan (ez Portugalekoan, ez Espainiakoan, ez Frantziakoan, ezta, guk dakigula, mendebaldeko ezein herrialdekoan ere) gisa horretan jasoak. Beraz, afera ez da konstituzionaltasunaren mailan kokatzen, legezkotasun soilarenean baizik, eta hortaz, legegileak haiek eskubide gisa onartzeko edo ez onartzeko askatasuna dauka.

Beste kontu bat da ea legezko arautzeek oinarrizko eskubide bat mugatu edo zehaztu ordez (zeina guztiz zilegi den), hura urratzen duten, bere funtsezko edukiari (Alemaniako eta Espainiako Konstituzioak aipatu) muzin egiten diotelako. Esate baterako, Auzitegi Konstituzionalak (edo legeen konstituzionaltasuna kontrolatzen duen organuak) ebatzi dezake sexu bereko bikoteei adopziorako eskubidea ukatzea berdintasun printzipio konstituzionalaren aurkakoa dela.

Baina zentzu honetan, egia da badagoela haurdunaldia eteteko eskubidea maila konstituzionalera igo zuen aurrekari bat: Roe vs. Wade kasu famatuan AEBetako Auzitegi Gorenak intimitate edo pribazitaterako eskubidetik haurdunaldia eteteko eskubidea eratorri zuen, umekia bideragarria izan arte bederen. Kasu honetan, bai, mutazio konstituzional baten bitartez (hemen erreforma konstituzional ez formal horri buruz mintzatu ginen), abortatzeko oinarrizko eskubide bat jaio zen, han Auzitegi Gorena baita Konstituzioaren interprete gorena eta, beraz, lege nagusiari buruzko bere epaietako interpretazioek maila konstituzional hori bera bereganatzen baitute.

Gaur egun, ordea, Estatu gehienetan haurdunaldia etetea legezko eskubide bat da, ez oinarrizkoa edo konstituzionala. Espainian, adibidez, 2/2010 Lege Organikoak arautzen du haurdunaldiaren etetea. 1985tik zetorren kasuen sistematik epeenera igaro zen lehenengo aldiz. Gaur egun, emakumeek ez dute inolako baldintzarik bete behar haurdunaldia lehen 14 asteetan eteteko. Alderdi Popularrak inkonstituzionaltasun helegitea aurkeztu zuen bere garaian, eta Gobernuak adierazia du jada Lege hori aldatzeko asmoa duela. Frantzian, bestalde, 1975 Veil Legeaz gero haurdunaldiaren eteteak ez dauka baldintzarik lehen 12 asteetan.

Abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazio bat.

Gatozen, baina, sarrera honen bidez plazaratu nahi dugun ideia nagusira: epe ertainean hainbat Estatu berri (Eskozia, Katalunia, Flandria) sortu daitezkeela dirudien honetan, berorien Konstituzioetan abortatzeko eskubidea jasotzeko aukera planteatu ahal izatea muntazko berrikuntza juridikoa litzateke. Aurreratu dugun bezala, Amerikako Estatu Batuen kasua salbuetsita (eta han ere modu berezian, Auzitegi Gorenak eratorri baitzuen pribatutasunerako eskubidetik), inon ez dauka haurdulandia eteteko eskubideak izaera konstituzionala. Hortaz, herrialde horietako zenbait sektore sozialek eragin juridiko sakoneko erronka dute euren aurrean, lurralde horiek Estatu bihurutz gero: abortatzeko eskubidearen errekonozimendu konstituzionala mugimendu feministen eta oro har ezkerraren agendan lehentasunezko helburu bihur liteke (eta bihurtu beharko luke), zeren, orduan bai, ez legoke legerik edo legeren bati buruzko erreferendumik konstituzionalki errekonozitutako emakumeen abortatzeko eskubidea eragotzi edo neurriz gain mugatu ahalko lukeenik.

 

[1] Hamaika aipamenen arteko labur bat aipatzearren: Gustavo Zagrebelsky Italiako Auzitegi Konstituzionaleko presidente ohiaren Principî e voti.

 

Adela Asúari elkarrizketa Berrian

Duela aste bete luze Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako Parlamentuaren subiranotasun adierazpenaren inguruan kaleratutako epaia ekarri genuen bog honetara. Adela Asúa Batarrita bilbotarra zen ebazpenaren egilea. Bada, gaur elkarrizketa egin diote Berrian. Bertan, Parot doktrinari buruz (badirudi afera horretan Auzitegi Konstituzionalaren gehiengoaren kontrako hainbat boto partikular idatzi zituela, gerora Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegian kaleratutako epaiaren ildoa aurreratzen-edo zutenak), EPPK-ko presoen balizko gerturatzeari buruz eta aipatutako subiranotasun adierazpenari buruz mintzo da.

Adela Asúa Batarrita

Elkarrizketa interesgarria da: gutxi gorabehera Kataluniako Gobernuaren argudioekin ziztatzen duen kazetariaren galderen aurrean, berak idatzitako epaian antzeman uste genuen elkarrizketarako eta akordioetarako deia errepikatzen du, zehaztasun eta dotoretasun juridikoz. Hortaz, berriro ere, nabarmentzekoa da Espainiako Gobernuaren jarrerarekiko kontrastea. Espainiako epailetzaren maila gorenenetako kideak konturatuko balira bezala Rajoyren ezer egin gabe itxarotearen estrategia okerra izan daitekeela eta, Masen gobernuaren proiektuaren inkonstituzionaltasuna gorabehera, okerra dela orobat jarrera hertsiki legalista bat hartuz azpiko problema politikoari ezikusiarena egitea.

Ez ote dute bada Kataluniako subiranistek, subiranotasun adierazpenaren zati bat baliogabetzen duen epaian hain zuzen, helduleku bat izango…

Kataluniako subiranotasun adierazpenaren baliogabetzea

Atzo argitaratu zen Kataluniako Parlamentuak iazko urtarrilean onartutako subiranotasun adierazpenaren puntu bat baliogabetu duen Auzitegi Konstituzionalaren epaia. Aho batez, organu honek adierazpenaren zati funtsezkoena baliogabetu du, halaxe dioen lehenengo puntua:

Adierazpenaren bozkaketaren emaitza. http://www.anoiadiari.cat/imatges/noticia/declaracio-sobirania.jpg

“Subiranotasuna. Subjektu politiko eta juridiko subirano izateko zilegitasun demokratikoa du Kataluniako herriak.”

Bestetik, xedapen aurkaratuak Konstituzioaren arabera interpretatzeko duen ahalmenaz baliatuz, “Kataluniako herritarren erabakitzeko eskubideari” eginiko erreferentziak, epaiko oinarri juridikoen arabera interpretatuz gero, Konstituzioaren kontrakoak ez direla ebatzi du. Ondorio honetara iristeko, auzitegia adierazpenaren zazpigarren puntuan aldarrikatutako “legezkotasun printzipioan” oinarritu da, “erabakitzeko eskubideari” eginiko erreferentziak Konstituzioa eta oro har ordena juridikoa erreformatzeko prozeduren bidez bideratu daitezkeela ulertuz.

Horiexek ziren Espainiako Gobernuak subiranotasun adierazpenetik aurkaratutako (auzitan jarritako) parte nagusiak eta, espero zitekeen bezala, lehenego eta garrantzitsuenean Auzitegi Konstituzionalak arrazoia eman dio, berau baliogabetuz, batez ere Konstituzioaren 1.2 (“Nazioaren subiranotasuna Espainiako herrian datza, eta hortik sortzen dira Estatuaren botereak”) eta 2 (“Konstituzioa Espainiako nazioaren batasun zatiezinean oinarritzen da, hura baita espainiar guztien aberri komun eta banaezina; Konstituzioak aitortu eta bermatu egiten du Espainia osatzen duten eskualde eta nazionalitateen autonomia eskubidea, bai eta horien guztien arteko elkartasuna ere”) artikuluetan oinarrituta.

Adela Asúa Batarrita bilbotarrak idatzitako epai laburrean, gure ustez, gaia inguratzen duen tentsio eta ika-mika politikoetan baretasun moduko bat jartzeko nahia antzeman daiteke. Hala interpretatu daitezke bai adierazpenean dialogoari eta eztabaida politikoari egiten zaizkion erreferentzien balioestea, bai hitzez hitz esatea Kataluniako Parlamentuaren erreforma konstituzionalerako proposamen bat Espainiako Gorteek behintzat aintzat hartu beharko lukeela, eta baita erabakia aho batez hartzeko ahalegina, auzitegiko kideen artean epaia oinarritzeko argudio juridiko kontrajarriak omen zeudenean. Menturatu gaitezke esatera azken honen bitartez Auzitegi Konstituzionala saiatu dela, Kataluniako Parlamentuaren apostu subiranistaren aurrean, irmotasun konstituzionaleko jarrera batez gainera, Madrilgo eta Bartzelonako Gobernuen arteko elkarrizketa sustatu nahi izan duela, Kataluniako Parlamentuaren adierazpena termino gogorragoetan baztertzea eta baliogabetzea baztertuz.

Auzitegi Konstituzionalaren balizko azken asmo hau gorabehera, kontua da, batetik, Kataluniako Gobernuak (eta zer esanik

Auzitegi Konstituzionala. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Constitutional_court_of_justice_spain.jpg

ez ERCk eta CUPek) jada adierazi duela ez diotela baliorik ematen ebazpenari (eta azken hau ez da munta txikiko kontua, prozesuaren atzera bueltarik gabeko bidean sakontzen baitu), eta azaroan galdeketa egiteko prozesuak abian jarraitzen duela. Bestetik, ez dirudi Espainiako Gobernuak bere Rajoy-style inmobilismotik mugitzeko asmorik duenik, jendaurrean behintzat. Hortaz, ondorioztatu daiteke atzo kaleratutako epaiak, ikuspuntu juridikotik gertaera inondik ere azpimarragarria izanik ere, ez duela epe laburrean Kataluniako gertaera politikoen norabidea nabarmen aldatuko, nahiz eta ezin baztertu daitekeen abian dagoen tentsio gorakadan pauso garrantzitsua izatea.