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La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?“, publicado por Tecnos hace 5 años en su colección Clásicos del pensamiento, contiene los citados trabajos de Carl Schmitt y Hans Kelsen, además de un estudio preliminar del jurista italiano Giorgio Lombardi. Constituye, pues, una espléndida oportunidad de acercarse a la gran batalla teórica que moldeó (aunque el enfrentamiento no se detenía en eso, como precisaremos más adelante) la manera en que desde entonces observamos el problema de, precisamente, a quién debe atribuirse la potestad de garantizar el cumplimiento de la Constitución de un Estado.

En la batalla dialéctica que sobre ese punto enfrentó a dos de los juristas más prominentes de todo el siglo XX se discute en todo caso, como pone de relieve Lombardi en su introducción, sobre temas que superan ese acotado objeto y alcanzan por ello a condensar la oposición más bien radical de las respectivas visiones de Kelsen y Schmitt sobre la naturaleza del Estado, de la democracia o del concepto de Constitución.

Apurar todas las cuestiones que puedan surgir del tema del defensor o guardián de la Constitución está lejos del alcance de un simple post, pero no está de más ofrecer algunos breves comentarios sobre una cuestión que, por echar mano de la gastada expresión, nunca ha dejado de ser de rabiosa actualidad. Y es que, si bien Kelsen y Schmitt debatían sobre quién debía ejercer de  defensor de la Constitución en el concreto contexto jurídico-constitucional de la República de Weimar, no es menos cierto que sus argumentos y posiciones trascienden esa concreta situación y se tornan, la mayoría de las veces, útiles para, abstracción hecha de ese convulso contexto histórico, plantear el debate genérico sobre la institución a que deba encargarse la salvaguarda de una Constitución.

El libro es parte de la colección Clásicos del pensamiento de la editorial Tecnos

Simplificando de manera un poco grosera, Schmitt apuesta por el Jefe del Estado elegido directamente por la población como defensor de la Constitución, mientras que Kelsen opta por que un colegio de personas, investidas de la independencia e imparcialidad propia del poder judicial, dispongan del poder de invalidar leyes y actos gubernamentales contrarios a la Constitución mediante decisiones jurisdiccionales. Tomar partido ante esta disyuntiva presenta un problema nada menor: se nos obliga a juzgar las cosas a toro pasado. En efecto, una vez conocidos los catastróficos resultados a los que condujo, en términos humanos y políticos, la hipertrofia del poder ejecutivo que el archifamoso artículo 48 de la Constitución de Weimar permitía y que Schmitt tan decididamente preconizaba, por un lado, y, por el otro, 75 años relativamente exitosos de justicia constitucional, uno está tentado de echarse en brazos del Tribunal Constitucional de Kelsen sin más discusión.

Sin embargo, quizás precisamente por ello, destacar algunas agudísimas apreciaciones de Schmitt y no obviar los problemas que presentan las tesis de Kelsen es, posiblemente, uno de los ejercicios más enriquecedores que se pueda realizar hoy en día a la vista de estos dos textos, tanto más cuanto que la fuerza expresiva y lo sugestivo de algunas de las ideas del primero son innegables.

Para empezar, no puede negarse que parece adecuado que, ante ese máximo acto de soberanía que significa una Constitución, uno de los mejores posicionados para encargarse de su interpretación y defensa sea precisamente el Jefe del Estado, a fortiori cuando éste es elegido de manera democrática por todo el pueblo. Esta idea entronca, posiblemente, con la idea que Schmitt se hace de la Constitución: ésta se trataría no tanto de una norma jurídica entendida al uso (opone fuertes objeciones a que un Tribunal Constitucional pueda enjuiciar la validez de una ley tomando a aquélla como referente, en la medida en que según él no es, o al menos no del todo, una norma), sino más bien de una decisión colectiva fundadora, mucho más relevante en cuanto expresión del poder constituyente y de la unidad de la nación que en cuanto norma dotada de contenidos. Y es que Schmitt duda muy mucho de que la parte dogmática de una Constitución (aquella que fija un orden material de valores al que todos los poderes públicos, incluido el legislador, deben someterse, sobre todo a través de derechos fundamentales) preñada de términos forzosamente generales como libertad, igualdad o justicia, y de otros conceptos jurídicos indeterminados, pueda interpretarse de la misma manera objetiva y judicial en que puede interpretarse una ley al uso.

Las tesis de Schmitt aciertan a poner el dedo sobre una llaga que la justicia constitucional (entendida como el sistema por el que un órgano jurisdiccional enjuicia la constitucionalidad de leyes y actos, tesis preconizada por Kelsen) tiene aún hoy muy presente, precisamente porque es inherente a ella misma: es cierto que libertad, igualdad, justicia, derecho al trabajo, organización descentralizada, contenido esencial, etcétera tienen un significado diferente para cada persona que se aventure a especificar su contenido en un plano general, y no digamos ya ante la diversidad de situaciones concretas en que la constitucionalidad de una ley o un acto pueda estar en duda. Aceptado esto, ¿por qué atribuir el poder de fijar el contenido de dichos conceptos (potencialmente problemáticos y sujetos a innumerables discusiones ideológicas) a un colegio de 9, 12, o 15 jueces, en vez de conferírselo al pueblo o a un representante directamente elegido por él, precisamente en un sistema cuyo dogma fundamental es el de la soberanía popular?

Hans Kelsen, cuyo modelo teórico sirvió en 1920 de base para que la Constitución austriaca instituyese uno de los primeros tribunales constitucionales del mundo, fue uno de los juristas más brillantes e influyentes del siglo XX.

Esa pregunta aspira a condensar las contradicciones (irresolubles o no, según guste) que plantea la introducción de una jurisdicción constitucional, que es esencialmente una institución de fuerte impronta liberal, en un sistema fundado sobre el principio democrático. Pero la cuestión, ciertamente compleja, puede empezar a desentrañarse con un ligero vistazo a lo que en efecto ocurrió cuando, siguiendo digamos aproximadamente las tesis de Schmitt sobre la oportunidad de conferir un poder casi omnímodo al Jefe del Estado (convirtiéndose éste en “señor soberano del Estado”, y alcanzando una “posición de poder que no disminuye por el hecho de que Carl Schmitt no la caracterice como dictadura“, en palabras de Kelsen), el régimen de Weimar fue tornándose una República tremendamente presidencialista antes de transformarse en una de las dictaduras más mortíferas y opresoras que el ser humano haya conocido en su historia. Y es que el pueblo, ese pueblo (y más correctamente, la mayoría del pueblo) que a través de su representante directo, el jefe del Reich, se erigiría según Schmitt en óptimo defensor de la Constitución, puede perfectamente revelarse como el actor más adecuado (y más propenso) para que los derechos que la Constitución garantiza a todos, también a las minorías, sean pisoteados de la manera más decidida y grave.

Y es que, si seguimos a Kelsen en la línea que abre su libro y afirmamos que “Defensor de la Constitución significa […] un órgano cuya función es defender la Constitución contra las violaciones”, un órgano que sirva de “garantía de la Constitución”, no podremos sino convenir con él también en que resulta una auténtico riesgo atribuir esa labor de defensa a un poder (tanto el Ejecutivo, o ya entonces y hoy también el Legislativo) que es precisamente el más probable violador de la Constitución. Y es que, en definitiva, quizás uno de los argumentos más convincentes (y lo son varios) de Kelsen es aquél según el cual conviene otorgar el poder de defender la Constitución y, por tanto, el de controlar las violaciones de que pueda ser objeto, a un órgano del que menos probablemente pueda venir una de dichas violaciones: un conjunto de personas (abstracción hecha de su modo de elección, que mencionaremos ahora) revestidos de la independencia e imparcialidad propias de una jurisdicción. En este punto, tampoco hay que olvidar que desde un punto de vista actual, no obstante, una contrarréplica schmittiana podría basarse en que los poderes del juez, y particularmente del juez constitucional, se han expandido sobremanera tras la segunda guerra mundial a raíz del papel creciente que han jugado los derechos fundamentales en todas las ramas del ordenamiento jurídico, resultando en una jurisdicción muchísimo más poderosa e influyente (y por tanto, potencialmente conculcadora de derechos) que la existente en el primer tercio del siglo XX.

Incidentalmente, y a propósito de estas últimas consideraciones, creemos que merece la pena subrayar que un lector de principios del XXI, que ha digerido ya la composición y el funcionamiento adoptados por las jurisdicciones constitucionales alemana, italiana, española o francesa durante toda la segunda mitad del siglo XX, no puede sino sorprenderse ante ciertas manifestaciones de Kelsen en lo tocante a dos puntos.

En primer lugar, ante la apertura con que trata los diversos modos posibles de elección de los miembros de un tribunal constitucional, para lo cual no descarta la elección popular directa (¿unos jueces elegidos por voto directo serían muy distintos de un Jefe de Estado elegido igualmente?, podría objetarse). En segundo lugar, en relación con el rechazo que muestra a vocablos que, según él, serían demasiados genéricos o vagos (como libertad, igualdad, justicia, contenido esencial u otros semejantes) y darían vía a cierta arbitrariedad de la jurisdicción constitucional en el desempeño de su función. Sin embargo, habida cuenta de la brevedad y concisión que una Constitución impone, no se alcanza a comprender cómo podría ésta contener un sólido aparato dogmático o material que permitiese a la postre realizar un control de constitucionalidad de las leyes, sin utilizar forzosamente dicha clase de conceptos jurídicos indeterminados. Como puede observarse en los ordenamientos alemán, español, italiano o cualesquiera otros en que funcione una jurisdicción constitucional, es precisamente sobre dichos conceptos jurídicos forzosamente indeterminados a priori, pero concretables en cada situación de hecho específica, que un tribunal puede y debe ejercer la función que tiene encomendada.

Carl Schmitt fue uno de los mejores y más polémicos juristas del siglo XX. Más allá de su legado jurídico, su apoyo más o menos explícito a la causa nazi sigue siendo objeto de controversia.

En fin, valga recordar que el modelo propugnado por Kelsen de un tribunal constitucional que meramente depuraría el ordenamiento de leyes y actos inconstitucionales mediante su anulación, y que se concreta en su designación de dicho tribunal como un “legislador negativo”, si bien ha sido evidentemente su gran fuente de inspiración, no es exactamente el adoptado por los ordenamientos constitucionales de Europa occidental y, concretamente, por el español. Tal y como explica García de Enterría en su muy recomendable La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, y puede por lo demás observarse en la legislación vigente y en la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional español ostenta un monopolio de rechazo de las normas con rango de ley contrarias a la Constitución, es decir, la facultad de anularlas. Pero además de cumplir esa función, es también intérprete supremo de la norma fundamental (artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), que por medio de la su jurisprudencia impregna y en cierto modo “invade” todo el ordenamiento jurídico (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero no intérprete único, puesto que todos los jueces y tribunales son competentes, para inaplicar tanto las normas jurídicas inferiores a la ley como los actos jurídicos inconstitucionales (artículo 6 de la LOPJ).

En definitiva, la lectura conjunta de estas dos obras permite al lector actual constatar que, más allá de la “victoria histórica” de que siguen disfrutando las tesis de Kelsen, las objeciones opuestas por Schmitt a la posibilidad de someter problemas de alto contenido a decisiones jurisdiccionales siguen teniendo en muchos casos una consistencia que no cabe pasar por alto. Quien se asome a su lectura también será testigo de que la impronta indeleble de estos dos juristas excepcionales sigue marcando, aunque sea de manera subyacente e incluso inconsciente, el gran debate de que constantemente es objeto la justicia constitucional. Y es que la posibilidad de que la otrora sagrada voluntad popular rousseauniana pueda ser limitada, incluso de manera muy potente, por un reducido colegio de magistrados en aplicación de conceptos jurídicos que, si bien pueden ser dotados de contenidos específicos, siguen estando sujetos a amplios márgenes de interpretación en su formulación a priori general, sigue haciendo aflorar, en cualquier Estado basado en la soberanía popular, un interesante debate y un ambicioso desafío intelectual.

Sólo por intentar asomarse siquiera someramente a las cuestiones profundas que dicho desafío presenta, revisitar la obra de Kelsen y de Schmitt sigue siendo, a principios del siglo XXI, una empresa muy recomendable.

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Izenburua: A History of the Supreme Court. Egilea: Bernard Schwartz. Jatorrizko hizkuntza: ingelesa. Urtea: 1993. Argitaletxea: Oxford University Press.

Ez da erraza Estatu Batuetako Auzitegi Gorena bezalako instituzio bati buruz aritzea. Are gutxiago bere historia luzea, hamaika gorabehera, norabide aldatze, epai mugarri eta nortasun kasik mitologikodun epilez hornitua, 400 orrialde eskaseko liburu batean biltzea. Are zailagoa da hori guztia lortzea gehiegizko orokortasunen lausotasunean galdu gabe, kontakizun lineal gatzgabe bat osatu gabe, edo profanoak uxatuko lituzkeen lan akademikoega taxutu gabe. Alabaina, horixe da, hain zuzen, Bernard Schwartzek A History of the Supreme Court [Auzitegi Gorenaren Historia] honetan erdietsi duena: Amerikako Estatu Batuetako sistema politikoan berealdiko garrantzia duen instituzioaren historia, ez-adituentzako ere egokia den bolumen bakarreko lanean paratzea.

Estatu Batuetako Auzitegi Gorena

Izan ere, García de Enterríaren Democracia, jueces y control de la administracióneko oin ohar baten bidez ezagutu genuen liburu honek erabat asebetetzen du AEBetako Auzitegi Gorenaren historiara jakinminez hurbiltzen dena. Bere orrialdeetan zehar, irakurleak azken bi mende luzeetako historia estatubatuarra tankeratu duten epaien berri izango du, Auzitegia bere norabidean gidatu duten Chief Justice eta epaile mitikoen arrastoa jarraituko du eta, oro har, munduko Konstituziorik zaharrena garatzean Auzitegi Gorenak izan duen errotiko eragina igarri ahalko du.

Liburua 16 kapituluk osatzen dute. Horietako lau Auzitegiaren historian mugarri izan diren lau epairi eskaintzen zaizkie[1]. Modu kronologikoan, Schwartzek Auzitegiaren (eta hortaz, AEBen) historia markatu duten gaiak aletzen ditu: self-restraint deritzonaren eta ekintza judizial biziagoaren arteko tentsioa, azken honen mesedetan; Marshall, Story, Taney, Wendell Holmes, Frankfurter, Black edo Warren bezalako epaile handiek utzitako eragin ezabaezina; epaileen arteko giza harremanek ebazpenen taxuera nola baldintzatu izan duten; lidergo indartsu bat ezartzeko ahala, batzuetan, bikaintasun akademikoa baino garrantzitsuago gertatu izana; esklabotza, segregazioa, abortua edo ekintza positiboa bezalako afera delikatuetan Auzitegi Gorenak izan duen partehartze erabakigarria (ezinbestean hainbat polemika suntsigarri piztuz, bide batez); horiek eta gehiago dira irakurle interesatuak maisuki jorratuta aurkituko dituen gaiak.

Aldi berean, liburuak gogoetarako bidea eskaintzen du; AEBetako Zuzenbide Konstituzionala izaera jurisprudentzialeko Zuzenbidea zenbateraino den hausnartzeko parada, alegia. Izan ere, Marshallen garaitik Warreneneraino, Auzitegi Gorenaren eskuetan egon da Zuzenbide publiko estatubatuarraren lerro nagusiak marraztu eta berau garatzeko eginkizuna. Hots, 1789az geroztik indarrean den Konstituzio laburra berrehun urtetako gorabehera eta aldaketa amaigabeetara egokitzeko lan konplexua, Konstituzio batek daukan “Zuzenbide kontzentratu”[2] horren edukiak zehazteko eginbeharra, zeinaren eragina nabarmena den egungo AEBetako errealitate juridiko, politiko eta sozialean.

John Marshall, Auzitegi Goreneko Chief Justice ospetsuena

Ia behartuta, eta blogaren izenari ohore egiteko besterik ez bada ere, ezinbesteko zaigu aipatzea Schwartzen kontakizunak determinismo punttu bat duela soberan, akaso. Alegia, zenbaitetan Auzitegiaren eta bere jurisprudentziaren bilakaera aurrez idatzitako historia aldaezin eta halabeharrezkoa bailitzan aurkeztera lerratzen dela, oharkabean bada ere.

Edonola ere, liburuari buruzko iritzia positiboa da ezinbestean. Munduko Auzitegi Goren itzaltsu eta boteretsuenaren historia luze eta mamitsua, eduki juridiko nahiz extrajuridikoetan aberatsa, ezagutzeko jakinmina duenak, Zuzenbidean aditu edo profano, gogotsu irentsiko du Schwartzen eskuek ondutako harribitxi hau.

 

[1] Noizbait blog honetan mundu osoan zehar mugarri judizial gertatu diren epaien banaz banako analisi bat hasiko bagenu, Schwartzen liburu honetan banan-banako trataera duten Dred Scott, Lochner, Brown eta Roe vs. Wade ebazpenak hautagai paregabeak lirateke, baita legeen konstituzionaltasunaren kontrolean aitzindari eztabaidaezin den Madison vs. Marbury ere. Epaile mitikoen balizko bilduma batek ere erreferentzia saihestezin lituzke Marshall, Wendell Holmes, Frankfurter, Warren eta enparauak.

[2] Peter Lercheren karakterizazio famatuari jarraiki.

Izenburua: Constitución. Egilea: Santiago Muñoz Machado. Jatorrizko hizkuntza: espainiera. Argitalpen urtea: 2004. Argitaletxea: Iustel.

Santiago Muñoz Machadoren Constitución Espainiako sistema konstituzionalari buruzko monografia da, bertako konstituzionalismoaren historia, egun indarrean dagoen Konstituzioa eta honek Europar Batasuneko sistema konstituzionalarekin duen harremana aztergai dituena. Espainian Zuzenbide Konstituzionaleko ikasgaia lantzeko (inork gutxik kasu egin ohi dion) “bibliografia osagarrian” sarri agertzen den aleetako bat da, Eduardo García de Enterríaren La Constitución como norma y el Tribunal Constitucionalekin batera, besteak beste. Azken hau ez bezala, Konstituzioak indarrean jada hamarkada batzuk zeramatzanean eman zen argitara, 2004an hain zuzen, bere eragina eta aplikazioa denboraren eskarmentuz aztertzeko parada emanez.

Edonola ere, espero zitekeenez, liburua espainiar konstituzionalismoaren errepasoa eginez abiatzen da, ezaugarri aipagarri batekin: besteak beste lehen aipatutako García de Enterríaren liburuak eta doktrina nagusiak gai honi dagokionez esandakoa hein batean auzitan jarriz, Muñoz Machadok dio XIX. mendeko konstituzioek izan, izan zutela indar arauemaile edo normatiboa (eta ez zutela, beraz, printzipio programatiko multzo huts gisa jokatu, doktrina horrek aldeztu izan duen gisa), eta soilik gailentasun hierarkikoa izan zutela faltan, gaurkoarekin erkatuz gero. Baieztapen hori defendatzeko arrazoiketak ekarpen interesgarriak egiten ditu, baina zalantzazkoa da, gure ustez, zenbateraino esan daitekeen, gehiegizko abstrakzio edo orokortasunetara jo gabe, konstituzio batek benetako indar arauemailea duela bere xedapenak, praktikan, lege soil batez indargabetu daitezkeenean. Hots: lege baten pareko indarra baldin badu, benetan esan al daiteke, terminoek errealitatea ezkutatu gabe, “Konstituzioak indar arauemailea duela”?

Idatziaren bigarren zatian, egilea 1978ko Konstituzioaren egitura eta edukia aztertzeari lotzen zaio. Parte honi dagokionez, interesgarria deritzogu 15. artikulutik aurrera kokatuta dauden oinarrizko eskubideen azterketaren ertz jakin bati, alegia, oinarrizko eskubideetan bi dimentsio jakin zehazteari. Hala, batetik normalean jorratutako dimentsio subjetiboa geneukake: oinarrizko eskubideak eskubide subjetibo gisa, aritzeko edo jarduteko esparru babestu gisa. Bestetik, baina, Muñoz Machadok berorien dimentsio objetiboa azpimarratzen du: oinarrizko eskubideak berme instituzionalak lirateke; alegia, instituzio batzuen izaera eta egitura Konstituzioak zuzenean finkatzen baditu ere, beste kasu batzuetan oinarrizko eskubideen funtsezko edukiak (53. artikulua) legegileari pasatuko lioke, instituzio horien berme gisa arituz, berauek arautzeko eginkizuna. Hala, liburuan aipatzen den Auzitegi Konstituzionalaren 1981eko uztailaren 28ko epaiak dioenez, “Definizioz, […] berme instituzionalak ez du behin-betiko zehaztutako eduki jakin bat edo konpetentzia esparru jakin bat ziurtatzen, baizik eta [ziurtatzen duena da] instituzio baten mantentzea garai eta toki bakoitzean hartaz dagoen ideiaren arabera”.

Bestetik, Muñoz Machado biziki kritiko agertzen da 1978 Konstituzioak lurralde antolamenduari dagokionez ezarritako arautzearekin, berau lausoegitzat jotzen baitu eta, ondorioz, uste baitu Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentziari ardura larriegia pasatu ziola Autonomia Estatuaren garaperani dagokionean. Oroit bedi Constitución 2004an idatzia dela, 2006ko Kataluniako Estatutua onartu eta honek ekarritako gertakari soka luzea (PPren aurkaratzearen ondoren Auzitegi Konstituzionalak bere zenbati xedapen baliogabetu zituen, 2010eko manifestazio historikoa egin zen, 2012 eta 2013ko Diada historikoek joera subiranisten indarraldia frogatu dute) baino lehen, alegia, baina bertzenaz ere egileak antzeko iritziak mantendu ditu orain gutxi, Espainiari buruzko txostenarekin 2013ko Espainiako Saiakera Saria irabazi izanaren karietara, eskainitako elkarrizketa batean.

Espainiako Konstituzioaren eta Europar Batasuneko “Konstituzioaren” (hots, jatorrizko Zuzenbide edo Tratatuen) arteko harremana eta elkarrekintza aztergai dituzten azken bi zatiak ere interes handikoak dira. Europarentzat Konstituzio bat ezartzen duen Tratatua onartzear zegoen (edo hala uste zen) garaian idatzia, liburuak munta handiko hainbat gai jorratzen ditu. Esate baterako, nazioz gaindiko Tratatu hauek onartzeak Estatuen (eta bereziki Espainiaren) Konstituzioan eragiten dituen mutazioak (idatzizko erreforma esplizituez bereizteko erabilitako hitza, Jellineken sailkapenean), eta nola horiek Konstituzioetan esku hartze desberdinak eragin dituzten europar estatuetan (esangura sakoneko aldaketak Alemanian eta Frantzian, 13.2 artikuluaren 1992ko ikututxoa Espainian); Estatutetako Auzitegi Konstituzionalen, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren (balizko) babes-maila ezberdinak oinarrizko eskubideei dagokionez, eta (balizko) problema hori nola onbideratu den; eta, batez ere, nola EBko Zuzenbideak epaileen boterea izugarri emendatu izana, besteak beste, beren Estatuetako legeak ez aplikatzeko ahalmena (eta betebeharra) jarriz beren eskuetan, horiek arau europarren batekin kontraesanean badaude. Honen harira, EBko Zuzenbidearen lehentasun printzipioa deritzon ondorio tinko eta erabakigarri horretara (kontraesanik egonez gero, beti aplikatu behar da EBko Zuzenbidea arau estatalen aurretik, nahiz eta hauek geroagokoak izan) eraman duen Europako Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren jarraipena ematen da, Costa/Enel, Factortame edo Simmenthal bezalako epai mugarrien bitartez.

Dena dela, EBko Zuzenbideak Estatu kideen ordena juridikoetan izan duen eragin eskerga antzemateko, bereziki aproposa iruditzen zaigu 317. orrialdea irekitzen duen lerrokada: “[Espainiako] Konstituzioa, hortaz, arauen aplikazioari buruzko arautzat jo behar da, J.L. Requejo Pagések zuzen esan duen moduan, eta ez ordena juridiko jakin batean dauden arauen baliozkotasunaz ebazten duen arautzat, zeren eta kanpoko ordenan [Europar Batasunekoan, kasu honetan] sortzen diren arauak soilik ordena horretan ezarritako irizpide material eta prozedurazkoen arabera baloratu baitaitezke”. Ezinezkoa da 300 bat orrialdeko liburua paragrafo batean laburtzea, baina ez da lagin txarra Constituciónen edukia eta Espainiako egungo ordena juridikoaren egoera laburtzeko.

Luzetxo jo duen posta amaitzeko, esan dezagun Muñoz Machadoren Constitución testu interesgarri eta mamitsua dela, jada hamar urte zahar izatearen handicapa kontuan hartuta ere (argitalpenaz geroztik egon da gertaera juridiko garrantzitsurik EB mailan), Zuzenbide Konstituzionalean interesa eta ezagutza minimo bat duenarentzat eta, bereziki, Europar Batasuneko Zuzenbideak ordena juridiko nazionaletan izan duen eraginari begirada landu bat luzatu nahi dionarentzat.