En este septiembre de 2015 en que la ola independentista catalana parece estar, a expensas de lo que suceda el próximo día 27, dibujando crestas especialmente pronunciadas, apenas se encuentra ya en el debate público referencia alguna a aquello que, antes de la primera Diada soberanista de 2012 se vino en llamar pacto fiscal.

En todo caso, aquella proposición del Gobierno catalán que probablemente no llegó a cuajar por falta de convencimiento de las partes (Gobierno central y Generalidad de Cataluña) que hipotéticamente podrían haberla concretado, afirmaba inspirarse en el sistema vasco-navarro del concierto o convenio económico, régimen tributario derogatorio del común que tiene su engarce constitucional en la disposición adicional primera de la Constitución española de 1978.

Sin necesidad de remontarse a las potencialmente infinitas disquisiciones sobre sus pretendidas esencias histórico-culturales y limitándose a una perspectiva estrictamente jurídica, la particularidad de esta institución se cifra, principalmente, en el otorgamiento de un amplio margen de autonomía (generalmente desconocido en el derecho comparado) en la gestión fiscal a las instituciones (esencialmente, las Diputaciones forales de las cuatro provincias vasco-navarras) encargadas de la misma. Adviértase que dicho sistema especial es recogido por la Constitución, abstracción hecha de circunstancias históricas, exclusivamente para dos regiones que, según la mayoría de parámetros convencionales (producto interior bruto per cápita, etcétera), se encuentran casi siempre entre las 3 o 4 más ricas de España.

Pero, ¿hasta que punto es determinante el concierto (o el convenio) económico para el nivel económico del que gozan la Comunidad Autónoma Vasca o la Foral de Navarra? ¿Existe verdaderamente una relación de causa a efecto entre un mayor margen de autonomía fiscal y unas mayores cotas de bienestar económico? Y, quizás de manera más relevante, en la hipótesis de asumir un efecto benéfico del concierto, ¿es éste potencialmente general o exige que la región que lo disfruta sea previamente más rica o más desarrollada que las de su entorno? ¿A quién perjudica este sistema especial que en principio redunda en beneficio de las regiones en que se aplica? 

No se trata de interrogantes sencillos, y es seguro que el tema, por su interés y su potencial polémico, volverá a aflorar por el blog. Mientras tanto, dejamos aquí, como aperitivo, un gráfico según el cual, en 2012, la Comunidad Autónomas Vasca y la Foral de Navarra eran respectivamente la primera y la tercera comunidad autónoma en términos de producto interior bruto per cápita, así como una noticia de 2011 con las celebérrimas balanzas fiscales interpretadas según la metodología del Gobierno central. Obsérvese que estas dos regiones, primera y tercera en ese podio de la riqueza, no sólo no aportan mucho a la solidaridad interterritorial sino que incluso tienen un saldo positivo en el reparto; es decir, reciben más de lo que aportan.

  1. Poder constituyente y mitos jurídicos.

El poder constituyente es una figura jurídica que genera fascinación en juristas y no juristas. Si habitualmente el Derecho constituye un universo de límites que muchas veces tienen por objetivo cohonestar el ámbito de proyección de varios poderes, o de un poder y de un ámbito de inmunidad en continuo proceso de pugna y redefinición, el poder constituyente representa por el contrario, según su consideración habitual, un poder (casi) absoluto, omnímodo, ilimitado. Bajo esta formulación común, el poder constituyente ocupa, dotado de su virtualidad transformadora y de su correlato oscuro de amenazante libertad, una posición fundamental en la teoría constitucional sobre la que se construyen los modernos Estados democráticos de Derecho.

Es bien sabido, sin embargo, que las disciplinas jurídicas sufren en ocasiones de una marcada tendencia a incurrir en mitificaciones y dogma(tismo)s doctrinales que poco tienen que envidiar a los de las religiones. De entre estos últimos no es el menor el que alza a la Ley al altar de norma jurídica por antonomasia, en tanto que producto directo de la voluntad popular, obviando las profundísimas revisiones de que dicho instrumento normativo ha sido objeto desde su primigenia formulación teórica en los albores de la Revolución francesa. Quizás no es aventurado señalar que el del poder constituyente es, junto con la de la Ley, otra figura jurídica que tiende a mostrarse envuelta en una aureola casi mítica que puede favorecer una devoción acrítica de los postulados originales de los que el concepto bebe, y obstruir, por tanto, una revisión actualizadora y realista del mismo.

  1. Validez y aplicabilidad. El ordenamiento como compuesto de varios sistemas normativos.

Pues bien, el libro de Juan Luis Requejo Pagés que ahora comentamos (“Las normas preconstitucionales y el mito del poder constituyente”) se propone precisamente acometer dicha revisión, y lo hace avanzando desde su propio título una valiente voluntad de atacar el mito en que, según él, habría degenerado el poder constituyente. La tesis del autor parte de una aguda distinción conceptual entre la validez y la aplicabilidad de las normas que recuerda poderosamente a la operada en Constitución, la obra de Muñoz Machado de cuya recensión nos ocupamos hace ya más de un año, y que titulamos significativamente De la validez a la aplicación

Esta distinción conduce a una conceptuación del ordenamiento jurídico como conjunto de sistemas normativos de diverso origen (el organizado por el último constituyente, los previos a la actuación de éste, los de origen internacional, el Derecho nobiliario, etcétera), cuya concreta articulación en términos de prioridad aplicativa constituye el cometido fundamental de la Constitución, sin perjuicio de que ésta pueda arbitrar, por añadidura, un sistema normativo propio a través de la fijación de reglas que disciplinen el proceso de producción de normas, y por tanto condicionen su validez. Dicho en otros términos, la Constitución tiene por función esencial acoger y ordenar los diversos sistemas normativos de distinto origen y establecer cómo y en qué orden se aplicará cada uno de ellos; por añadidura, puede organizar un sistema normativo propio, típicamente el que se sustancia en las normas internas nacionales como leyes y reglamentos.

No pretendemos, como es obvio, agotar aquí todas las consideraciones (algunas, por descontado, ciertamente discutibles) que, a partir de ese primer esquema, se van desgranando en el libro (sin ir más lejos, las críticas a la actual regulación constitucional de la reforma o la consideración que deba recibir el Derecho nobiliario en un sistema democrático) pero, antes de referirnos a una cuestión que estudiaremos más detenidamente, interesa en todo caso destacar que el libro de Requejo Pagés, que discurre a caballo entre el Derecho constitucional y la teoría del Derecho, consigue con éxito limar determinados excesos conceptuales y discursivos en que se suele incurrir, por mor de subrayar la importancia que en nuestro sistema jurídico ocupa el principio democrático, a la hora de definir el alcance pretendidamente ilimitado del poder constituyente. Y lo hace, y no es poco el mérito que cabe atribuirle por ello, consiguiendo que las (en ocasiones) turbulentas aguas iusteóricas no enfanguen un lenguaje que permanece siempre perfectamente inteligible.

 

  1. Los límites de un (¿inminente?) proceso constituyente.

En cualquier caso, parece que el de los límites del poder constituyente (constituido) será un tema ampliamente debatido en el otoño caliente político que se avecina. En efecto, como quiera que algunos actores políticos parecen decididos a embarcarse en la empresa de la reforma constitucional (el PSOE lleva reclamándola al menos desde 2012; Ciudadanos también la considera necesaria; Izquierda Unida la propone a menudo en su discurso, sobre todo para revertir la modificación del artículo 135 e instaurar un régimen republicano; en el caso de Podemos, la reivindicación de un proceso constituyente ocupa un lugar medular en su discurso; incluso el PP parece no ser ya tan reacio a la idea), no es improbable que el poder constituyente vaya a despertarse del largo letargo en el que lleva sumido (con escasas y en ocasiones controvertidas excepciones que se reducen a dos) desde el año 1978.

Ahora bien, el poder constituyente constituido o poder de reforma que emerja de ese eventual proceso estará sujeto a diversos límites, para cuya identificación el libro que comentamos es especialmente ilustrativo. Por de pronto, y como es obvio recordar a título liminar, el poder de reforma deberá discurrir por el procedimiento del artículo 167 de la Constitución si pretende acometer una reforma ordinaria, y por el agravado del artículo 168 si se trata de una reforma total o que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.

Pero es en los límites propiamente dichos, y particularmente en aquéllos de origen externo, en los que se concretarán la mayoría de territorios vedados (al menos jurídicamente vedados, como se precisará más adelante) al poder de reforma. La obra que comentamos, en su esfuerzo constante por hacer descender al poder constituyente de las alturas de la teoría política al mucho más terrenal ámbito del Derecho positivo, insiste especialmente en la eventualidad de que, con anterioridad a la entrada en acción de un determinado poder constituyente, se haya acometido de la mano de uno anterior una incorporación de sistemas normativos externos que, por mandato de aquél constituyente anterior en el tiempo, sean de aplicabilidad preferente a las normas internas. En ese caso, el cumplimiento de ese Derecho internacional (lato sensu) conllevará necesariamente que las materias ya disciplinadas por él no puedan ser reguladas por la nueva Constitución más que, a lo sumo, supletoriamente. Dicho en otros términos, el fiat transformador del poder constituyente, sea éste originario o constituido, no podrá hacer abstracción de los compromisos internacionales por los que, a través de la incorporación de sistemas normativos externos, el Estado se haya obligado en virtud de los mandatos de un constituyente anterior. Expuesto aún más crudamente, el poder constituyente dispondrá de un alcance todo lo ilimitado que se quiera, mas únicamente limitado a aquellas materias cuya regulación (preferente) no haya sido transferida a un sistema externo.

El pensador y político revolucionario Emmanuel-Joseph Sieyès, en su obra “Del tercer estado”, sentó las bases teóricas del poder constituyente que han calado en el imaginario jurídico de occidente

Pues bien, como el lector habrá podido percatarse ya, es muy pequeño el salto necesario para pasar de dicha construcción teórica a la actual situación constitucional española. En efecto, el ordenamiento jurídico español cuenta ya con sistemas normativos externos de aplicación preferente al interno. Dicha condición puede predicarse, obviamente, del Derecho internacional stricto sensu que, según el artículo 96 CE, no podrá ser modificado por ninguna norma interna (precepto del cual la doctrina colige de manera pacífica la prioridad aplicativa de dicho Derecho sobre el interno), pero sobre todo del Derecho de la Unión Europea, probablemente uno de los exponentes más complejos de Derecho transnacional que se haya conocido. Y es que lo cierto es que, en virtud del artículo 93 CE, que fue redactado teniendo precisamente en mente una eventual adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, el sistema normativo del antes llamado Derecho comunitario se introduce en el ordenamiento jurídico español. Ahora bien, esa acogida del Derecho de la Unión Europea es extremadamente rica en consecuencias, y particularmente en lo que en este post nos interesa: en virtud del principio de primacía de este Derecho (constantemente proclamado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la célebre sentencia Costa vs Enel de 1964), sus contenidos son de aplicación preferente a los de los sistemas normativos internos de los países miembros (los numerosos matices y peculiaridades que conoce esta doctrina de principio, particularmente en razón del principio de efecto directo, no alteran en lo sustancial sus consecuencias sobre la cuestión del poder constituyente).

¿Qué implica esto para el supuestamente omnímodo poder constituyente? No podemos expresarlo mejor que el propio autor del libro que comentamos: “el constituyente puede instaurar un sistema normativo propio en el que se regulen, en cualquier sentido, materias ya disciplinadas en normas de procedencia externa; puede, también establecer un régimen de aplicación preferente de las normas propias y decretar la inaplicabilidad de toda norma internacional. Ahora bien, decisiones de esa especie, perfectamente irreprochables en su validez, no tendrán otro alcance que el que resulte de su aceptación por el sistema externo. Sólo serán efectivas si los poderes constituidos, en cumplimiento del mandato que reciben del constituyente en orden a la estructuración del Ordenamiento con arreglo a aquellos criterios de articulación, logran que, por vía de las correspondientes denuncias –esto es, a través de los cauces jurídicos previstos por el sistema internacional–, se decrete la inaplicabilidad de los Tratados en los que se regulan las materias que el constituyente quiere que la Constitución discipline de manera directa y prevalente. De no lograrlo, las previsiones constitucionales, perfectamente válidas, serán, no obstante, supletoriamente aplicadas[1].

Es decir, el eventual mandato del poder de reforma consistente en establecer una regulación contradictoria con la contenida en un sistema externo (pongamos que contrario a un Tratado de la Unión o a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo) no podrá surtir efectos jurídicos[2] sino tras haber procedido los poderes constituidos a conseguir la inaplicabilidad de esa disposición externa, inaplicabilidad que no podrá alcanzarse más que por las vías jurídicas instauradas por dicho sistema externo. Dicho aún más concretamente: si el poder constituyente constituido que hipotéticamente emerja estos próximos meses pretende, digamos a título de ejemplo, imponer algún tipo de limitación al sacrosanto dogma de la libre circulación de personas, mercancías, capitales y mercancías gravado en el mármol de los Tratados de la Unión, o prohibir el derecho de huelga que se entiende incluido en el Convenio 87 de la OIT, ello no comportará que dicho fiat constituyente sea de inmediata aplicación en términos jurídicos, sino que corresponderá a los poderes constituidos resolver la discordancia que, de este modo, se habrá establecido entre la Constitución y los Tratados de ese sistema normativo europeo (o el Derecho de la OIT) que, según sus propios principios (a los que la Constitución remite como preferentemente aplicables), prima sobre los sistemas internos.

No obstante, puede entenderse que caben dos modos de llevar a la práctica dicho mandato constituyente que, siguiendo con el primer ejemplo, consistiría en la imposición de controles y límites generales a la circulación de personas o capitales. Por un lado, y abstracción hecha de una hipotética e improbabilísima renegociación de los Tratados, mediante el referido recurso a las vías jurídicas de denuncia establecidas por el Derecho de la Unión Europea. Por otro, si se entendiese (al contrario de lo que hace el autor) que ese mandato constituyente es en efecto ilimitado y que por su propio poder posee la virtualidad de que sus preceptos sean instantáneamente aplicables por encima de cualquier otro sistema normativo concurrente, ese mandato podría llevarse a la práctica a través de un incumplimiento unilateral de las obligaciones que, por mandato de los artículos 45.1 y 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recaen sobre el Estado español.

Ahora bien, en el caso de optar por esta segunda opción, España incurriría en una actuación antijurídica en la medida en que contravendría el Derecho de la Unión cuyo principio de primacía un constituyente anterior aceptó por vía de remisión[3]. Se aprecia aquí el importante alcance del aserto del autor según el cual “el verdadero poder constituyente del Ordenamiento en su conjunto es un agregado de diversos poderes constitutivos, tantos cuantos en el pasado hayan decidido la integración de sistemas sobre cuya aplicabilidad pro futuro no cabe decisión unilateral alguna desde una Constitución nacional posterior[4].

Es también aquí donde procede recordar que el autor se cuida mucho de precisar que su razonamiento opera únicamente en el plano del deber ser jurídico, y de que dicho marco puede, eventualmente, ser fácilmente desbordado por la fuerza material de los hechos que puedan producirse en el marco fáctico del ser. Expresado más claramente, la primera de las opciones ofrecidas en la disyuntiva, aquélla consistente en interpretar los nuevos límites constitucionales a la libre circulación de personas y capitales como condicionadas en su efectividad a que el conflicto normativo con preceptos en sentido contrario procedentes de sistemas externos se resuelvan con arreglo a los mecanismos de denuncia de esos sistemas, es la única lícita en Derecho, sin perjuicio de que no se pretenda prejuzgar la concreta actuación fáctica que, llegado el caso, adoptarían los poderes constituidos.

 

  1. Lo bueno, si real, dos veces bueno: del mito a la realidad.

Estas disquisiciones doctrinales que, sin perjuicio de que puedan resultar discutibles en algunos extremos, incitan a relativizar un poder constituyente pretendidamente omnipotente cuya efectividad real está, por el contrario, mediatizada por la incorporación al ordenamiento jurídico de sistemas normativos externos, no deberían conducir a minusvalorar en exceso la potencialidad de que se active el poder constituyente.

Antes al contrario, consideramos que la constatación de que la máxima voluntas populi, suprema lex[5] no sea verdaderamente cierta sino a término y tras discurrir por determinadas vías jurídicas no implica una afrenta al mismo, sino que puede resultar incluso una herramienta útil para manejar mejor los tiempos de un eventual proceso constituyente (que, reconozcámoslo a la vista de la actual correlación de fuerzas, muy improbablemente optaría por adoptar decisiones abiertamente contrarias a los Tratados de la Unión Europea o al derecho de huelga).

En definitiva, la transferencia de amplísimas parcelas de soberanía desde los Estados a la estructura supranacional que es la Unión Europea no ha llegado al punto de que existan ámbitos materiales vedados a los poderes constituyentes nacionales. Ahora bien, esa reflexión debe completarse con la asunción de que determinadas decisiones constituyentes, si contradicen disposiciones de los sistemas normativos externos como el de la Unión Europea que han sido previamente incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales, deben discurrir, si quieren ser jurídicamente procedentes, por los cauces establecidos por dichos sistemas para resolver esas contradicciones, cauces que, habida cuenta de la relevancia del principio de primacía en el caso de la Unión Europea, son muy escasos más allá del abandono de la misma.

Dicho sea en términos más gráficos, cualquiera que pretenda asaltar los cielos constitucionales por la derecha o por la izquierda deberá tener en cuenta que en ese Olimpo constitucional, además de al dios constituyente español, también deberá acomodar a otros dioses, y particularmente al del Derecho de la Unión Europea. Nada más y nada menos.

[1] Página 63, el subrayado es nuestro.

[2] Como veremos, el razonamiento del libro y las consecuencias que se extraen de él se circunscriben voluntariamente al ámbito estrictamente jurídico, y no a las realidades fácticas que puedan eventualmente desbordarlo.

[3] Página 119: “La desatención de los límites externos por parte de poder de reforma no se traduce en la antijuridicidad de la revisión, pues la obra del constituyente constituido –como la del originario– fundamenta en sí misma, e incondicionadamente, su validez. Esa inobservancia, por lo demás, sólo sería tal en el supuesto de que la nueva Constitución dispusiera, expresamente y con efectos inmediatos, la inaplicación o aplicación subsidiaria de las normas externas ya incorporadas al Ordenamiento; más precisamente, si prohibiera que los órganos constituidos interpretaran el nuevo régimen de aplicación de normas en otros términos que los jurídicamente obligados, esto es, como un régimen condicionado en su operatividad al éxito de la denuncia del Tratado en el marco del sistema externo. Fuera de ese supuesto –de verdadera infracción del orden jurídico internacional y, por tanto, sólo resoluble, a la postre, en términos de eficacia–, toda reforma de la Constitución que se cifre en la instauración de un nuevo modelo de aplicación de las normas externas ha de interpretarse antes como un mandato de actuación jurídica en el sistema normativo externo que como una desatención deliberada de las exigencias resultantes de la integración de normas internacionales. En consecuencia, la verdadera infracción del Derecho internacional vendrá dada, bien por la reforma que prohíba el proceder de los órganos constituidos con arreglo a las prescripciones de ese Derecho, bien por la negativa de esos órganos a ajustarse a ese procedimiento cuando la Constitución, implícitamente, le obliga a observarlo”. El subrayado es nuestro.

[4] Página 77.

[5] Aserto con el que se cierra la obra La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente de Pedro de Vega, varias veces citada en el libro de Requejo Pagés e igualmente recomendable.

“1. Pertsona orok eskubidea du bere kausa Legean aurreikusita dagoen Auzitegi independiente eta inpartzial batek ekitatiboki, publikoki eta arrazoizko epe batean aztertzeko […]. Epaia publikoki eman beharko da […].  3. Akusatu orok, gutxienez, honako eskubide hauek izango ditu:  a) lehenbailehen […] bere aurka formulatu den akusazioari eta honen zioei buruzko informazioa xehetasun guztiekin jasotzeko“.

Giza Eskubideen babeserako Europako Hitzarmenaren 6. artikulua

“1. Gizabanako guztiek eskubidea dute, beraiei dagozkien eskubide eta interes legitimoak egikaritzean, epaile eta auzitegien babes eragingarria lortzeko, eta ezin daiteke inoiz ere babesgabetasunik gerta.
2. Halaber, guztiek dute eskubidea […] abokatuaren defentsa eta laguntza izateko, haien aurkako akusazioaren argibideak jasotzeko, jendaurreko prozesua bidegabeko atzerapenik gabe eta berme guztiekin burutzeko, euren buruen babeserako egoki diren frogabideak erabiltzeko, beren buruen aurka adierazpenik ez egiteko, errudun direla ez aitortzeko, eta errugabetasun-presuntzioa izateko.”

Espainiako Konstituzioko 24. artikulua

Halako zerbait dio Facebookeko denboralerro literaturzaleetatik Twitterreko zerrenda snobetara saltoz salto ibiltzeaz jada maiztuta egon behar duen Kafkaren aipu batek: “soilik kozka eta zizt egiten diguten liburuak irakurri behar ditugula uste dut. Irakurtzen ari garen liburuak ez bagaitu aurpegian jasotako ukabilkada batek bezala esnarazten, zergatik hura irakurtzen nekatu? […] Behar duguna ezbehar mingarri batek bezala edo geure burua baino gehiago maite genuen norbaiten heriotzak bezala kolpatzen gaituzten liburuak dira, edozein giza presentziatik urruti, baso urrunenetara erbesteratuak, suizidio moduko batean, sentiarazten gaituzten liburuak. Liburuak geure barneko itsaso izoztua hausten duen aizkora izan behar du. Hori da uste dudana“. 

Akaso Kafkaren beraren Prozesuak irakurlearengan halako efektua duela esatea askotxo izango da, baina ezin uka azken lerroak irenstearekin bat liburuak ez duela preseski gorputzaldi fina uzten. Joseph K. akusatuaren gorabeheren eta Kafkaren lanari eman beharreko interpretazioei buruz hamaika iruzkin egin direnez eta harrobi horretan ekarpen urria egin dezakegula jakinik, perspektiba juridikotik helduko diogu gaiari, hor ere badago eta zer komentatua.

Izan ere, badirudi Kafkak eskubide prozesalen babesa helburu duten konstituzio eta hitzarmen guztiak hartu, mix azkar bat egin eta eskubide eta berme guztiak atzekoz aurrera jarri dituela, zein baino zein eraginkorrako eta gupidagabeago zapuztua izan zitezen. Norberaren etxera baimen judizialik gabe sartzen diren poliziak, akusazio konkreturik jakinarazten ez duen eta urteetan zehar luza daiteken prozesua, argitaratzen ez diren epaiak, absoluzioa irudikatu ere egin ezin izan daiteken testuingurua… Hitz batean, Espainiako Konstituzioak debekatzen duen babesgabetasun horren kintaesentzia moduko bat. Egileak trebeziaz marrazten du gizabanako bakartiaren gainean bere tranpa guztiak ixten dituen monstruo aurpegigabe hori, akusatuaren traketskeria sendaezina lagun, bere lotura sozial guztiak higatzen eta pozoitzen gutxinaka diharduen makina nekaezina.

Baina Estatu konstituzional batean bizi naiz!“, egiten du oihu obraren hasiera aldean Joseph K. protagonistak. Gutxirako balioko dio berari uste horrek, bistan da, baina ematen du zer pentsatua oinarrizko eskubideei buruz. Izan ere, Bigarren Mundu Gerra osteko Europan, eta gerora beste herrialde batzuetan, Konstituzioetan jasotako oinarrizko eskubideak izaera zurruna bereganatu zutenetik (hots, zuzenean aplikagarri bihurtu eta, ondorioz, haien kontrakoak ziren legeak baliogabe deklaratzeko balio izan zutenetik), hiritarren oinarrizko eskubide horiek babesteko tresna judizialak izugarri ugaritu dira (lehentasunezko prozedura judizialak, auzitegi konstituzionalak, Europako Giza Eskubideen Auzitegiaren sorrera eta garapena eta abar) eta, bere inperfekzio serio guztiekin ere, egungo egoera ez da XX. mende hasierakoaren oso antzekoa.

Hala ere, Joseph K. zorigaiztokoak pairatzen duen infernu prozesalak beta ematen du eskubide prozesal edo prozedurazkoak, askotan eskubide formal edo formazkotzat jotzen direnak (deitura hori ia era peioratiboan gehituta), merezi duten gisan balioesteko. Izan ere, hein bateraino normala da gorabehera ekonomiko larriak igarotzen ditugun garaietan hezkuntzarako, osasunaren zainketarako edo etxebizitza duinerako eskubidea bezalako eskubide prestazionalak aldarrikapen politiko eta hausnarketa juridikoen erdigunean kokatzea, baina tamala litzateke horrek, kolpe berean, prozedurazko eskubideen gutxiestea ekarriko balu. Zeren jakina baita edozerren balioa, baita eskubideena ere, horiek galtzen direnean nabaritzen dela nabarmenen.

Esan diezaiotela bestela Joseph K.-ri…

BONUS: orain dela gutxi El País-en Babelia gehigarri kulturalak Kafkaren nobelarik ezagunenari eman beharreko izenaren (Metamorfosia vs. Eraldaketa) inguruko artikulua argitaratu zuen.

Los últimos meses han sido ricos en pronunciamientos relevantes de los tribunales en el ámbito del Derecho del trabajo. De todos ellos, la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado por la empresa de bebida de cola más conocida del mundo en sus fábricas de Madrid, declarada por el Tribunal Supremo, haya sido quizás la que más repercusión mediática ha tenido.

Pues bien, de todos esos pronunciamientos, hemos escogido dos recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos tan importantes como aquella otra resolución, a modo de excusa perfecta para emprender la primera incursión de este blog en temáticas iuslaboralistas.

1. La STS de 17 de marzo de 2015: el “pacto en contrario” para extender la ultraactividad es válido también si se concluyó antes de la reforma.

La primera de dichas sentencias, que ha recibido una considerable cobertura en medios jurídicos y económicos, se pronuncia sobre una controversia relativa a la ultraactividad de los convenios colectivos; es decir, de la vigencia de dichos convenios una vez hayan llegado a su fin. Dicha ultraactividad, indefinida antes de la reforma laboral del 2012, fue reducida por ésta al período de un año, al cabo del cual pasaría a ser de aplicación el convenio colectivo de ámbito superior (por ejemplo, al transcurrir un año tras el fin de la duración pactada para un convenio de empresa y a falta de acuerdo para uno nuevo, sería aplicable el convenio de rama o sector).

La sentencia dictadao por el Tribunal Supremo orientará decisivamente la interpretación de los jueces sobre la ultraactividad de los convenios colectivos.

El problema al que se enfrenta el Tribunal en su sentencia de 17 de marzo de 2015 es el siguiente: el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación“, exige que dicho “pacto en contrario” se concluya con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, o bien una cláusula acordada con anterioridad es perfectamente válida a dichos efectos?

El Tribunal Supremo se alinea con lo ya decidido por la Audiencia Nacional en julio de 2013 y desestima el recurso de casación interpuesto por la parte empresarial, ya que considera que el momento de conclusión de dicho “pacto en contrario” es perfectamente indiferente, sirviendo por tanto que una cláusula inserta en un convenio colectivo previo a la reforma haya establecido que la ultraactividad de dicho convenio se extenderá, a falta de acuerdo, indefinidamente y no meramente durante el año preceptuado por la norma legal. Dicho de otro modo, en palabras del propio tribunal, “si un convenio colectivo, suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012, contiene una cláusula que prevea que una vez finalizado el periodo de vigencia y denunciado el convenio, permanecerán vigentes las cláusulas normativas hasta que se produzca la entrada en vigor de un nuevo convenio que haya de sustituirle, tal cláusula es el “pacto en contrario” al que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 86 ET“.

La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado Antonio V. Sempere, que entiende por el contrario que, según la nueva comprensión de las relaciones laborales que la reforma de 2012 concretada en la Ley 3/2012 introducía en el Derecho del trabajo español, el “pacto en contrario” no podía interpretarse sino como un acuerdo entre las partes posterior a la entrada en vigor de dicha reforma.

En todo caso, la jurisprudencia da un nuevo paso en la resolución de las diversas controversias concretas a que la reforma laboral de 2012 ha dado lugar por la ambigüedad de algunos de los preceptos que introdujo en el Estatuto de los Trabajadores. En lo que a la ultraactividad respecta, la orientación jurisprudencial, refrendada a partir de ahora por el mismo Tribunal Supremo, es clara: toda cláusula por las que las partes deciden prolongar la ultraactividad de un convenio colectivo más allá del año dispuesto por la ley es válida cualquiera que sea el momento, anterior o posterior a la reforma, en que dicho “pacto en contrario” haya tenido lugar.

Esta importante sentencia ha sido comentada someramente en este post del blog del profesor Mikel Urruti, y ha merecido también un análisis completísimo del profesor Eduardo Rojo en dos entradas de su página (aquí y aquí). A diferencia de dichos comentarios, el blog Tu asesor laboral se pronuncia aquí en favor de la interpretación del voto particular.

2. El TJUE se pronuncia sobre los umbrales en los despidos colectivos: no es lo mismo empresa que centro de trabajo.

En esta segunda sentencia, dictada el pasado 13 de mayo y que reproduce el razonamiento de otra dictada el 30 del pasado mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aborda la cuestión del elemento de referencia que se ha de utilizar para calcular los umbrales que sirven para determinar la existencia o no de un despido colectivo.

Un Juzgado de lo Social de Barcelona había planteado una cuestión prejudicial sobre la compatibildad de la normativa española  con el Derecho de la Unión Europea y, concretamente, con la directiva 98/59/CE de 1998 que rige en la materia en cuestión. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 51, precisa en efecto que los criterios numéricos para la determinación de un despido colectivo se han de aplicar tomando como parámetro a “la empresa“. El Tribunal de Luxemburgo considera sin embargo que dicha regulación nacional no se compadece con lo establecido en la directiva, que fija con claridad meridiana que los umbrales han de calcularse tomando como parámetro “el centro de trabajo“.

No conviene subestimar la repercusión que esta resolución puede tener en el Derecho del trabajo español, pues la primacía de que goza Derecho de la Unión Europea, y por lo tanto de la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta, implica que las jurisdicciones nacionales, en este caso españolas, hayan de inaplicar las disposiciones de Derecho interno que lo contravengan. Así, es de esperar que los tribunales españoles comienzen a considerar los umbrales en cuestión en referencia al centro de trabajo, y no ya a la empresa, cuando se trate de calificar un despido como colectivo. Jaime Cabeza discute en su blog sobre las conclusiones a más largo plazo de la sentencia, y particularmente sobre la necesidad de “revisitar” o revisar el concepto de “centro de trabajo” que recoge el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de adaptarlo a las nuevas realidades laborales.

En todo caso, las consecuencias prácticas de dicha sentencia se harán sentir sobre todo en los concretos despidos en que, tomando como referencia las empresa, no se hubieran alcanzado los umbrales necesarios para la existencia de un conflicto colectivo, pero que ahora, al fijarse como paráfmetro una unidad más pequeña (el centro de trabajo) caerán en su ámbito de aplicación. Precisemos que dicha consideración de colectivo supone una incidencia real en las derechos y garantías de información y consulta acordados a los trabajadores y de sus representantes en el proceso de despido.

Fabián Valero Moldes realiza una ilustrativa síntesis de la sentencia en esta entrada de Nexolaboral.

Even though Hannah Arendt’s legacy as a political scientist or a philosopher (term which she rejected for herself) is better known for the two books that shaped the common vision of her academic career (i.e., The Origins of Totalitarianism and Eichmann in Jerusalem), these lesser known Essays in Understanding, gathered by some scholars consecrated to her life and work, offer a quite enlightening insight to both her early life and her intellectual inquiries into the ever disturbing subject of totalitarianism, as well as a glance to some writings devoted to other historial or literary issues.

Hannah Arendt

In effect, the delicious pages concerning existentialism, some of which were written at the very moment Camus or Sartre were operating their radical innovation of the philosophical panorama in France and Europe, together with a very suggestive interpretation of Kafka’s work or a brief text on the emancipation of women, make of these Essays a work of a varied nature, but do not conceal the overwhelming attention given to the subject which was to always remain the main object of study of Arendt: that is, totalitarianism in its various (political, social, philosophical) approaches.

All throughout these texts, Arendt underlines the responsibility of her discipline, political science, in, rather than withdrawing itself to the comfort-zone of the already known categories (tyranny, dictatorship, one-party regimes) of political thought, trying to carry out an accurate description of the functioning mechanisms and the very nature of totalitarianism, which, in its radical novelty, threatened (and still threatens, for that matter) the very foundations of liberal societies. The germs of the various reflections she would later enrich and widen in The origins of totalitarianism already lie in many of these Essays.

Essays in Understanding by Hannah Arendt

In this sense, Arendt displays in these works a rather admirable ability: that of consciously rejecting the temptation of trapping herself in sterile and empty denunciations of Nazi atrocities, for instead jumping into the much more troubling, though also much more fruitful, land of investigating the subtle processes and tendencies, both political and social, which may lead to the formation of totalitarian mentalities and totalitarian regimes such as those which reigned in Nazi Germany and Stalinist Soviet Union.

While delighting themselves with these pages, the readers cannot but consider that the acute insightfulness of the perceptions and ideas set out by Arendt concerning totalitarianism may be profoundly complemented and enriched, in that silent and implicit collaboration which fiction and non-fiction very usually carry out for the better understanding of reality, by the reading of Life and destiny by Vassili Grossman, for the novel’s almost clinical analysis of the mechanisms and instruments of a totalitarian society are of a immense value to grasp some of the situations and ideas about which Arendt warns so enthusiastically.

In any case, the essence of the studies developed in these essays may paradoxically be summed up by a reference not to a work of Arendt herself, but to an essay she reviews in one of these texts:

“whether one agrees with Denis de Rougemont or not, he belongs to those who, in his own words, “are all in the sinking ship, and at the same time… are all in the ship that has launched the torpedo”. Those who know this, who do not want to get away from this not very comfortable position, are not numerous, and they are the only ones who matter”

In effect, Rougemont’s assertion concerning the very disturbing point of suspecting, or even outright knowing, that the seeds of a totalitarian society lie, in one way or another, on each and all of us, condenses the state of mind the reader of these Essays may retain after finishing them; it is in fact a recognition of crude facts which does not obviously offer an easy way out of the danger of totalitarianism, but may nevertheless prove useful in the necessary reflections which should precede every fight against it.

La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?“, publicado por Tecnos hace 5 años en su colección Clásicos del pensamiento, contiene los citados trabajos de Carl Schmitt y Hans Kelsen, además de un estudio preliminar del jurista italiano Giorgio Lombardi. Constituye, pues, una espléndida oportunidad de acercarse a la gran batalla teórica que moldeó (aunque el enfrentamiento no se detenía en eso, como precisaremos más adelante) la manera en que desde entonces observamos el problema de, precisamente, a quién debe atribuirse la potestad de garantizar el cumplimiento de la Constitución de un Estado.

En la batalla dialéctica que sobre ese punto enfrentó a dos de los juristas más prominentes de todo el siglo XX se discute en todo caso, como pone de relieve Lombardi en su introducción, sobre temas que superan ese acotado objeto y alcanzan por ello a condensar la oposición más bien radical de las respectivas visiones de Kelsen y Schmitt sobre la naturaleza del Estado, de la democracia o del concepto de Constitución.

Apurar todas las cuestiones que puedan surgir del tema del defensor o guardián de la Constitución está lejos del alcance de un simple post, pero no está de más ofrecer algunos breves comentarios sobre una cuestión que, por echar mano de la gastada expresión, nunca ha dejado de ser de rabiosa actualidad. Y es que, si bien Kelsen y Schmitt debatían sobre quién debía ejercer de  defensor de la Constitución en el concreto contexto jurídico-constitucional de la República de Weimar, no es menos cierto que sus argumentos y posiciones trascienden esa concreta situación y se tornan, la mayoría de las veces, útiles para, abstracción hecha de ese convulso contexto histórico, plantear el debate genérico sobre la institución a que deba encargarse la salvaguarda de una Constitución.

El libro es parte de la colección Clásicos del pensamiento de la editorial Tecnos

Simplificando de manera un poco grosera, Schmitt apuesta por el Jefe del Estado elegido directamente por la población como defensor de la Constitución, mientras que Kelsen opta por que un colegio de personas, investidas de la independencia e imparcialidad propia del poder judicial, dispongan del poder de invalidar leyes y actos gubernamentales contrarios a la Constitución mediante decisiones jurisdiccionales. Tomar partido ante esta disyuntiva presenta un problema nada menor: se nos obliga a juzgar las cosas a toro pasado. En efecto, una vez conocidos los catastróficos resultados a los que condujo, en términos humanos y políticos, la hipertrofia del poder ejecutivo que el archifamoso artículo 48 de la Constitución de Weimar permitía y que Schmitt tan decididamente preconizaba, por un lado, y, por el otro, 75 años relativamente exitosos de justicia constitucional, uno está tentado de echarse en brazos del Tribunal Constitucional de Kelsen sin más discusión.

Sin embargo, quizás precisamente por ello, destacar algunas agudísimas apreciaciones de Schmitt y no obviar los problemas que presentan las tesis de Kelsen es, posiblemente, uno de los ejercicios más enriquecedores que se pueda realizar hoy en día a la vista de estos dos textos, tanto más cuanto que la fuerza expresiva y lo sugestivo de algunas de las ideas del primero son innegables.

Para empezar, no puede negarse que parece adecuado que, ante ese máximo acto de soberanía que significa una Constitución, uno de los mejores posicionados para encargarse de su interpretación y defensa sea precisamente el Jefe del Estado, a fortiori cuando éste es elegido de manera democrática por todo el pueblo. Esta idea entronca, posiblemente, con la idea que Schmitt se hace de la Constitución: ésta se trataría no tanto de una norma jurídica entendida al uso (opone fuertes objeciones a que un Tribunal Constitucional pueda enjuiciar la validez de una ley tomando a aquélla como referente, en la medida en que según él no es, o al menos no del todo, una norma), sino más bien de una decisión colectiva fundadora, mucho más relevante en cuanto expresión del poder constituyente y de la unidad de la nación que en cuanto norma dotada de contenidos. Y es que Schmitt duda muy mucho de que la parte dogmática de una Constitución (aquella que fija un orden material de valores al que todos los poderes públicos, incluido el legislador, deben someterse, sobre todo a través de derechos fundamentales) preñada de términos forzosamente generales como libertad, igualdad o justicia, y de otros conceptos jurídicos indeterminados, pueda interpretarse de la misma manera objetiva y judicial en que puede interpretarse una ley al uso.

Las tesis de Schmitt aciertan a poner el dedo sobre una llaga que la justicia constitucional (entendida como el sistema por el que un órgano jurisdiccional enjuicia la constitucionalidad de leyes y actos, tesis preconizada por Kelsen) tiene aún hoy muy presente, precisamente porque es inherente a ella misma: es cierto que libertad, igualdad, justicia, derecho al trabajo, organización descentralizada, contenido esencial, etcétera tienen un significado diferente para cada persona que se aventure a especificar su contenido en un plano general, y no digamos ya ante la diversidad de situaciones concretas en que la constitucionalidad de una ley o un acto pueda estar en duda. Aceptado esto, ¿por qué atribuir el poder de fijar el contenido de dichos conceptos (potencialmente problemáticos y sujetos a innumerables discusiones ideológicas) a un colegio de 9, 12, o 15 jueces, en vez de conferírselo al pueblo o a un representante directamente elegido por él, precisamente en un sistema cuyo dogma fundamental es el de la soberanía popular?

Hans Kelsen, cuyo modelo teórico sirvió en 1920 de base para que la Constitución austriaca instituyese uno de los primeros tribunales constitucionales del mundo, fue uno de los juristas más brillantes e influyentes del siglo XX.

Esa pregunta aspira a condensar las contradicciones (irresolubles o no, según guste) que plantea la introducción de una jurisdicción constitucional, que es esencialmente una institución de fuerte impronta liberal, en un sistema fundado sobre el principio democrático. Pero la cuestión, ciertamente compleja, puede empezar a desentrañarse con un ligero vistazo a lo que en efecto ocurrió cuando, siguiendo digamos aproximadamente las tesis de Schmitt sobre la oportunidad de conferir un poder casi omnímodo al Jefe del Estado (convirtiéndose éste en “señor soberano del Estado”, y alcanzando una “posición de poder que no disminuye por el hecho de que Carl Schmitt no la caracterice como dictadura“, en palabras de Kelsen), el régimen de Weimar fue tornándose una República tremendamente presidencialista antes de transformarse en una de las dictaduras más mortíferas y opresoras que el ser humano haya conocido en su historia. Y es que el pueblo, ese pueblo (y más correctamente, la mayoría del pueblo) que a través de su representante directo, el jefe del Reich, se erigiría según Schmitt en óptimo defensor de la Constitución, puede perfectamente revelarse como el actor más adecuado (y más propenso) para que los derechos que la Constitución garantiza a todos, también a las minorías, sean pisoteados de la manera más decidida y grave.

Y es que, si seguimos a Kelsen en la línea que abre su libro y afirmamos que “Defensor de la Constitución significa […] un órgano cuya función es defender la Constitución contra las violaciones”, un órgano que sirva de “garantía de la Constitución”, no podremos sino convenir con él también en que resulta una auténtico riesgo atribuir esa labor de defensa a un poder (tanto el Ejecutivo, o ya entonces y hoy también el Legislativo) que es precisamente el más probable violador de la Constitución. Y es que, en definitiva, quizás uno de los argumentos más convincentes (y lo son varios) de Kelsen es aquél según el cual conviene otorgar el poder de defender la Constitución y, por tanto, el de controlar las violaciones de que pueda ser objeto, a un órgano del que menos probablemente pueda venir una de dichas violaciones: un conjunto de personas (abstracción hecha de su modo de elección, que mencionaremos ahora) revestidos de la independencia e imparcialidad propias de una jurisdicción. En este punto, tampoco hay que olvidar que desde un punto de vista actual, no obstante, una contrarréplica schmittiana podría basarse en que los poderes del juez, y particularmente del juez constitucional, se han expandido sobremanera tras la segunda guerra mundial a raíz del papel creciente que han jugado los derechos fundamentales en todas las ramas del ordenamiento jurídico, resultando en una jurisdicción muchísimo más poderosa e influyente (y por tanto, potencialmente conculcadora de derechos) que la existente en el primer tercio del siglo XX.

Incidentalmente, y a propósito de estas últimas consideraciones, creemos que merece la pena subrayar que un lector de principios del XXI, que ha digerido ya la composición y el funcionamiento adoptados por las jurisdicciones constitucionales alemana, italiana, española o francesa durante toda la segunda mitad del siglo XX, no puede sino sorprenderse ante ciertas manifestaciones de Kelsen en lo tocante a dos puntos.

En primer lugar, ante la apertura con que trata los diversos modos posibles de elección de los miembros de un tribunal constitucional, para lo cual no descarta la elección popular directa (¿unos jueces elegidos por voto directo serían muy distintos de un Jefe de Estado elegido igualmente?, podría objetarse). En segundo lugar, en relación con el rechazo que muestra a vocablos que, según él, serían demasiados genéricos o vagos (como libertad, igualdad, justicia, contenido esencial u otros semejantes) y darían vía a cierta arbitrariedad de la jurisdicción constitucional en el desempeño de su función. Sin embargo, habida cuenta de la brevedad y concisión que una Constitución impone, no se alcanza a comprender cómo podría ésta contener un sólido aparato dogmático o material que permitiese a la postre realizar un control de constitucionalidad de las leyes, sin utilizar forzosamente dicha clase de conceptos jurídicos indeterminados. Como puede observarse en los ordenamientos alemán, español, italiano o cualesquiera otros en que funcione una jurisdicción constitucional, es precisamente sobre dichos conceptos jurídicos forzosamente indeterminados a priori, pero concretables en cada situación de hecho específica, que un tribunal puede y debe ejercer la función que tiene encomendada.

Carl Schmitt fue uno de los mejores y más polémicos juristas del siglo XX. Más allá de su legado jurídico, su apoyo más o menos explícito a la causa nazi sigue siendo objeto de controversia.

En fin, valga recordar que el modelo propugnado por Kelsen de un tribunal constitucional que meramente depuraría el ordenamiento de leyes y actos inconstitucionales mediante su anulación, y que se concreta en su designación de dicho tribunal como un “legislador negativo”, si bien ha sido evidentemente su gran fuente de inspiración, no es exactamente el adoptado por los ordenamientos constitucionales de Europa occidental y, concretamente, por el español. Tal y como explica García de Enterría en su muy recomendable La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, y puede por lo demás observarse en la legislación vigente y en la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional español ostenta un monopolio de rechazo de las normas con rango de ley contrarias a la Constitución, es decir, la facultad de anularlas. Pero además de cumplir esa función, es también intérprete supremo de la norma fundamental (artículo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), que por medio de la su jurisprudencia impregna y en cierto modo “invade” todo el ordenamiento jurídico (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero no intérprete único, puesto que todos los jueces y tribunales son competentes, para inaplicar tanto las normas jurídicas inferiores a la ley como los actos jurídicos inconstitucionales (artículo 6 de la LOPJ).

En definitiva, la lectura conjunta de estas dos obras permite al lector actual constatar que, más allá de la “victoria histórica” de que siguen disfrutando las tesis de Kelsen, las objeciones opuestas por Schmitt a la posibilidad de someter problemas de alto contenido a decisiones jurisdiccionales siguen teniendo en muchos casos una consistencia que no cabe pasar por alto. Quien se asome a su lectura también será testigo de que la impronta indeleble de estos dos juristas excepcionales sigue marcando, aunque sea de manera subyacente e incluso inconsciente, el gran debate de que constantemente es objeto la justicia constitucional. Y es que la posibilidad de que la otrora sagrada voluntad popular rousseauniana pueda ser limitada, incluso de manera muy potente, por un reducido colegio de magistrados en aplicación de conceptos jurídicos que, si bien pueden ser dotados de contenidos específicos, siguen estando sujetos a amplios márgenes de interpretación en su formulación a priori general, sigue haciendo aflorar, en cualquier Estado basado en la soberanía popular, un interesante debate y un ambicioso desafío intelectual.

Sólo por intentar asomarse siquiera someramente a las cuestiones profundas que dicho desafío presenta, revisitar la obra de Kelsen y de Schmitt sigue siendo, a principios del siglo XXI, una empresa muy recomendable.

Belen Altunaren 2003ko Euskaldun fededun hau, azpitituluak dioenez, “euskaldun ona izateko modu baten historia” da. 350. orrialdetan zehar, hain zuzen ere, XVIII. eta XX. mende bitarteko euskaldunek zuten erlijioso famaren jatorriaren, garapenaren eta gainbeheraren bilaketa agertzen zaigu, zertxobait kimatutako doktorego tesian. Eta esan beharra dago, aurrerago edukian gehiago sakondu aurretik, tesi izaera horrek oso-oso gutxitan baino ez diola irakurleari halako astunkeria sentsazio bat eragiten, eta oro har Altunaren lana, patsadaz leitzekoa izanda ere, irakurterraza dela oso teologia eta erlijio kontuetan ikasia ez denarentzat ere. Azalpen terminologikoak eta zorroztasun analitikoa, esaterako, ezin hobeto uztartzen dira, ez motelegia ez azkarregia ez den erritmo aproposak eta hizkera jori baino ez kargatuegiak lagunduta, irakurlearen onerako.

Rikardo Arregi zenaren esanak ekartzen dira hizpidera behin baino gehiagotan. Euskaldunen Jainkoa “gizonaren autonomiaren etsaia eta eragozpena” omen zen, eta ezin uka Altunak xehe-xehe transkribatu eta aztertzen dituen testuetan (Añibarro, Mogel, Zabala, Palacios, Agirre Asteasukoa, eta abar) Jainko horrek munduan dituen agenteak, apaizak, burubelarri lotzen direla gizakaren edozein askatasun eta autonomia eremu desagertzeraino txikitzera.

Elizgizonen seta nagusia beren artaldekideen kontzientzia azken zokoraino arakatzea da, urrutitik ere bekatuaren nolabaiteko antza duen edozer errotik ezabatu eta gizakume oro bide onetik eramateko. Apaizen joera obsesibo-konpultsibo hori ezin hobeto mamitua ageri zaigu Añibarro, Mogel, Agirre eta abarren testuetan bertan, baina Altunaren azalpenak oso argigarriak dira ateraldi horiek guztiak ideia sistema logiko eta koherente batean txertatzeko. Izan ere, gaur eguno begiez beren adierazpenak komikoak (hara Zabalak infernua nola deskribatzen duen: “Goitic ta beetic sua, alboetatic sua, aurretic ta atzetic sua, beguietatic sua, belarrietatic sua, ao-surretatic sua, araguietatic sua, azurretatik sua, unetatic sua, eta alde guztietatic sua”) eta, batez ere, groteskoak iruditu ahal bazaizkigu ere, Altunaren esposiziotik argi eratortzen da Elizaren jarduna ez dela jitoan dabiltzan ideia ezberdinen multzo hetereogeneoa, helburu zehatzetara bideratutako jardun kontzientea baizik.

Belen Altuna, liburuaren egilea, EHUko Donostiako Filosofia Fakultateko irakasle da

Alegia, hertsiki erlijiosoak diren motibazioak gorabehera, mende horietako Eliza boteredunek beren menderakuntza oinarritzeko beharrezko dituzten egiturak sostengatzeko habe garrantzitsua da. Adibidez, agintari absolutuenganako obedientzia itsua sustatzerakoan, batez ere nekazarien artean, XVIII. eta XIX. mendeetan desbideraketa liberalak sortzen direnean (“Christiandadeco Legue santubak obligaitan gaitu ere pecatu mortalaren azpian, obedecitara Munduco Emperadore, Erregue, eta Principiai“). Status quoa kostal ahala kosta defendatzeko ardura bera ageri da emakumezkoen mendekotasuna iraunarazteko helburuan ere, alde batetik bere jaidura erlijioso handiagoa goratuz (Ama Birjinaren ondorengo prestu izango litzateke halakoetan, gizon ez hain fededunentzako eredu), baina bestetik bere ezkutuko arrisku eta gaiztakeria orobat handiagoak salatuz (Ebaren jatorrizko bekatuaren sustatzaile rola gogoratuz, kasu honetan), ezinbestean Simone de Beauvoirren Bigarren sexua-ko zenbait orrialde gogorarazten dituen bitasun hori azpimarratuz. Bi ezaugarri kontraesankor horiek, baina, beti daramate ondorio berera: emakumeek pere posizio subordinatuan mantentzeko duten betebeharra nabarmentzera.

Genero auzietatik urrundu gabe, atentzioa eman digute Altunak transkribatutako hainbat pasartek, zeinak queer perspektiba batetik emankorrak izan daitezkeen genero eredu hertsien sendotze eta betikotzean Elizak (ere) izan duen rola gogoraratzeko: “Deungaro [gaizki] eguiten dave nescatillac guizon yaciten badira, mutilac orraztuten badituez, edo mutilagaz nastean zaldi baten ganean badabiltz” [Zabala]; “Sarritan ekusten omen dira gaurko egunean bideetan emakumeak gizonen eran jantziak, eta edozeñek dakus zeñ ondoren txarrak ekarri litzakean ergelkeria onek gure errietan zabalduko baliz” [J.B. Agirre]; “Emacumeac guizonez jancirik, edo guizonak andreen janciaz; […] bada alan joateaz besteturic, adietan emoten dabe doazala libertade gueiagoaz lujuriatzeco” [Añibarro].

Horrelako jarrerek eta beste batzuek (beren urteroko gutxieneko aitortzak kontrolatzen zituzten “chartelen bildurrez”, eta soilik horregatik, apaizaren aurrean aitortza egiten zutenen kasuak, esaterako) gogorarazten dute, bide batez, egungo gizarte sekularizatuan erlijioak pertsona askoren bizitzan bere lekua izaten jarraitzen duen bezala, ez dela neurriz gain orokortu behar iragan mendeetako biztanleen erlijiotasuna. Izan ere, elizgizonen admonizio beldurgarri eta presio espiritual itogarria gorabehera, kasu horiek erakusten digute, izan, bazeudela erresistentziak erlijioaren omnipresentziaren aitzinean.

Esan gabe doa, baita maila apalagoan, birao eta juramentuen edo dantzen bidez adibidez, kanporatzen ziren erresistentziak ere, hurrenez hurren J. B. Agirre eta Frai Bartolomeren bi aipu hauek erakusten diguten bezala, bide batez euskarak birao eta irainik ez duela dioen aspaldi deuseztatutako mito hori barregarri utziz: “Onenbeste zabaldu da gaurco egunean geure errietan berba loiac esateco izcue charra ce, nago ece Cristiandade guztian erriz erri, ta yentez yente, eztala iñon bere euscal-errietan bashen berba loi gueiago esaten“; “Menturaz ez da Cristiandade guztian dantza desonestubagoric, ta lotsa guichiagocoric eguiten egun arguiz, euscal errijetan baino“.

Vatikano hiria, Erromako apezpiku eta Elizako buruaren egoitza

Honaino iritsita, liburuari egotzi diezaiokegun gabezia bakarretakoa aditzera ematea dagokigu: liburuaren titulu-azpitituluak iragartzen du bertan topatuko duguna “euskaldun ona” izateko modu baten historia izango dela. Alabaina, irakurketa amaitzean nabarmentzen den sentsazioa da batez ere generikoki “kristau ona” izateko irakaspideen multzoa erakutsi zaigula, euskaraz mintzo ez zen lurraldeetan beste hizkuntzetan emango zen modu bertsuan. Eta oso litekeena iruditzen zaigu, are ukaezina, Eliza Katolikoan berdin-berdin jardun izana bere meneko lurralde guztietan, baina agian horrexegatik zertxobait faltan nabaritu dugu euskal herrietan integrismo eta fanatismo plus hori eragiten zuten kausetan sakontzea. Egia da liburuaren lehen zatian foruen auziak azken horrekin zuen erlazioa aztertzen dela baina, liburuari eragozpenen bat jartzekotan, euskal herrietako muturreko katolizismo hori, beste leku batzuetako katolizismo (akaso) bareagoetatik desberdindu zezakeen zergatietan gutxiegi sakondu izana da. Alegia, gure Añibarro, Mogel, Agirre eta beste erreakzionario ultrakatoliko kuadrila Ebrotik behera, Aturritik gora edo Europan barrena zituzten beste erreakzionario kuadrilen hain desberdinak ote ziren ikertzea.

Baina zehaztapen horetatik harago, kontua da Altunaren lanak, objektibotasuna gordez baina gupidarik gabe, nota onez lortzen duela Eliza Katolikoaren historiako alderdi ilun horiek argitara ematea, eta bere jardunaren funtsa eta zuzeneko nahiz zeharkako helburuak azpimarratzea; alegia, erakustea zenbateraino izan den erlijioa kontrol sozialerako tresna, zapaltzen zuten orotariko botereen aurrean jendea meneko, otzan, esaneko izan zedin. Zenbateraino exijitu duen bizitza mundutarrean bizigarri den oro balizko eternitate zerutiar baten alde sakrifikatzea, kontzesiorik gabe, lurreko ordena soziala alda zezakeen edozein ideiari zirrikitu librerik utzi gabe. Añibarroren hitzak ezin esanguratsuagoak dira bizi ikuskera gris eta pozoitsu hori ikustarazteko: “ez jacu emon bicitza labur au emoteco danza, fiesta, solas gaisto zoroetan, ezpada guere pecatuac negar eguiteco”.

Bukaeran, baina, susmo oso mingots bat gera dakioke irakurleari. Aukera errazena liburuko egitateak aspaldi amaitutako iragan bateko kontutzat hartzea bada ere, akaso hautu xaloegia eta autoengainuzkoa da. Izan ere, ez al da posible duela mende bat baino gutxirago arte halako intolerantzia, integrismo, itxitura eta tirania garraiatzeko bide izan diren ideiak eta praktika sozial eta kulturalak, nolabaiteko sedimentazio baten bitartez, belaunaldiz belaunaldi modu kontziente nahiz inkontzientean transmititu izana? Hots, ez al da posible, gure burua aski laiko eta sekularizatutzat izanda ere, fanatismo hori, erlijioa ahaztuta, beste kausa kasik jainkozkoetara bideratu izana?

Norberak bere ondorioak atera ditzake, baina azken 50 urteetan ETAk eraildako 800 pertsonek zenbait gogoetabide ireki ahalko lituzkete, gutxienez…

Twiterren @okerreko ezizena erabiltzen duen Jokin Azpiazu Carballo soziologo eta ekintzailea aditua da LGTB eta feminismo aferetan. Bere hainbat elkarrizketa eta artikulu daude eskuragai sarean, besteak beste Pikararen bidez ezagututako gogoeta hau, non begirada zorrotz eta eraikitzailez aztertzen dituen azken urteetan boladan dabiltzan maskulinitate berriak eta haiek sustatzen diharduten taldeak. Hein handi batean artikulu horrek eragindako inpresio onak bultzatuta jarraitzen ditugu bere Twitter kontuko txioak, eta soilik interes begirunetsu horretatik uler daitezke datozen iruzkinak.

Izan ere, hauxe zioen @okerreko-k, aurreko batean, oinarrizko eskubideei buruz:

OOEE erretorika hutsala?

Lehenik eta behin, esan beharra dago Atutxak esandakoa zentzugabekeria juridiko latz xamarra dela. Ez dakigu Atutxak erreferentzia egiten dien adierazpenak zehatz-mehatz nolakoak ziren, baina argi eta garbi dago arduradun politikoei “kudeaketa txarra leporatzeak” ez duela ezein oinarrizko eskubide urratzen. Izan ere, Konstituzioko 20. artikuluak errekonozitzen duen adierazpen askatasunak luze eta zabal babesten du kritika politiko oro, delitu bat egitea zuzen-zuzenean leporatzera lerratzen ez den bitartean, zeina ez den, dirudienez, kasu honetan gertatzen dena. Auzitegi Konstituzionala maiz mintzatu izan da adierazpen askatasunak gizarte demokratiko batean duen berebiziko garrantziaz, oinarrizko eskubideen artean lehentasunezko posizio batean dagoela esateraino (18. artikuluak aitortutako ohorerako eskubidearekin izan litzazkeen talken kasurako, adibidez).

Itsaso Atutxa, EAJren Bizkai Buru Batzarrek presidentea

Nolanahi ere, Itsaso Atutxaren adierazpenek ez dituzte zuritzen hurrengo bi txioetan esanikoak. Hasteko, gobernuek eta alderdiek “pertsonen oinarrizko eskubideak” izan ditzaketenik sinestezintzat jotzen bada ere, gobernuak administrazio publikoen parte dira (berorien gailur, zehazki), eta hala, pertsonifikazio juridikoa duen entitate juridiko-publiko baten administrazio publiko baten, alegi parte. Alderdi politikoak, orobat, asoziazio edo elkarte mota berezi bat diren heinean, pertsona juridikoak (Espainiako esamoldea) edo pertsona moralak (Frantziakoa) dira ezbairik gabe. Hortaz, pertsona-juridiko publikoen kasua gatazkatsuagoa eta ñarbartu beharrekoa bada ere, biak ala biak dira aplikagarri zaizkien oinarrizko eskubideen titular (ez, noski, bizitzarako eskubidearen titular), Auzitegi Konstituzionalaren jurisprudentzia sendoaren arabera.

Pertsonifikazio juridikoaren teknika ez da derrigor ezagutu beharrekoa Zuzenbidean ari ez denarentzat, baina hirugarren eta azken txioan adierazitakoan koxka bat estuago estuegi jarraitzen du kontuak: “oinarrizko eskubideen diskurtso antiterrorista” aipatzen da. Tira, lehenik eta behin esan behar dugu post honek ez duela Zuzenbidearen defentsa leial eta ñabardura gabea izateko bokaziorik (aldarrikapen horiek, behar besteko ñabardurez eta zehaztapenez hornituta noski, hobeto adierazita aurki ditzake irakurle interesatuak Calamandrei edo Ihering bezalako erraldoi juridikoengan, Zuzenbideagan fedea-n eta Zuzenbideagatiko borroka-n, hurrenez hurren); aitzitik, bere asmoa da Zuzenbidearen halabeharrezko muga eta ezintasunen oso jakitun izanik, hala eta guztiz ere gizarte demokratiko batean (Zuzenbide Estatu demokratiko batean!) ukaezina eta funtsezkoa den bere funtzioa gogoraraztea.

Izan ere, oinarrizko eskubideak “diskurtso antiterroristaren” makulu huts izatera murriztea beroriek edozein sistema juridiko demokratikotan duten errotiko garrantziaren aurrean itsu izatea da. Elías Díaz Zuzenbidearen filosofoak, esaterako, Frankismoan eta harrez geroztik ere mugarri izan den bere “Zuzenbide Estatua eta gizarte demokratikoa” saioan, lau ezaugarri jotzen ditu ezinbestekotzat Zuzenbide Estatu baten existentziaren aitortza egiteko: herri borondatean oinarritutako legearen agintea, botere banaketa, Zuzenbidearen menpeko Administrazioa eta oinarrizko eskubideak. Beraz, terrorismoaren aurka aritzeko balio dute oinarrizko eskubideek, noski, zeren eskubide absoluturik ez badago ere, bizitzarako eta askatasunerako eskubideak baitira ziurrenik gainerakoen abiapuntua, baina baita askoz gehiagorako ere.

Elías Díaz Zuzenbidearen filosofoa, “Zuzenbide Estatua eta gizarte demokratikoa” saioaren egilea

Izan ere, Bigarren Mundu Gerra osteko garaipen juridiko nagusietako bat Konstituzioen (eta bertan zerrendatutako oinarrizko eskubideen) zuzeneko aplikagarritasuna izan da, beren behialako balio programatiko hutsa atzean utziz. Oinarrizko eskubideak edozein ordena juridikoren erdigune eta abiapuntua dira: beren efektua, urraezin duten funtsezko edukitik (Espainiako Konstituzioko 53. artikulua, Alemaniako Konstituzioko 19.a) haratago doa eta sistema juridiko osoa blaitzen du, ordenamendu juridiko osoa haien arabera eta haiekiko errespetuz interpretatu eta aplikatu behar baita, beren funtzionaltasuna eta irispidea maximizatzeko xedea botere publikoen jardunaren gidari delarik.

Oinarrizko eskubideak, zeintzuak ez baitaukate izen hori alferrik, ez dira inolaz ere diskurtso edo erretorika hutsala, aipatu bezain azkar airean desegiten diren kontzeptu etiko lauso eta onkeriazkoak, baizik eta, aitzitik, ororen askatasuna eta duintasuna ahalbidetu eta bermatzeko, efektu eta gorpuzte nabari eta ukigarriak dituzten tresna juridiko-teknikoak.

Hitz bitan, oinarrizko eskubideetan datza lotsagorritu gabe Zuzenbide Estatu demokratiko (beti inperfektu) dei daitekeenaren eta erregimen autokratikoen/totalitarioen/autoritarioen/diktatorialen arteko aldea.

Beste baterako utziko dugu LGTB kolektibokoetako kideekiko oinarrizko eskubideek izan ditzaketen berealdiko efektu positiboen ebokazioa, baina blog honetako beste artikulu batean jada aritu ginen, feminismoan (batez ere azkenaldiko legezko berritasunen karietara) zentrala den abortuaren gaiaren inguruan, abortatzeko edo amatasuna libreki planifikatzeko oinarrizko eskubide bat maila konstituzionalean atiortzeak lekarzkeen inplikazioetaz: hasteko, Konstituzioak halako oinarrizko eskubide bat errekonozituko balu, ezinezkoa litzateke gaur egun Espainiako Gobernua prestatzen ari den abortuari buruzko erregulazio murriztailea legez onartzea.

Froga paregabea oinarrizko eskubideak, eta oro har Zuzenbidea, erretorika hutsala baina askoz gehiago direla konturatzeko.

Joan den maiatzaren 25eko hauteskunde gaua ez zen azkenaldikoak bezain patxadatsu, aurreikusgarri, aspergarria izan. Batetik, Frantzian, Erresuma Batuan eta beste Estatu batzuetan gorakada nabarmena izan zuten eskuin muturreko alderdi batzuek (FN, UKIP eta abar). Bestetik, Espainian, Pablo Iglesias politologoa buru zuen Podemos zerrendak espiniar sistema politikoaren zutabeak dardararazi zituen: botoen %7,97 eta 54 eserlekutatik 5. EAEn botoen %6,9 eta Nafarroan %9,35 lortu zituen.

Honezkero nahibeste analisi egin dira bere burua alderdi-politiko-soil-baino-gehiagotzat duen alderdi berriaren arrakastari buruz, lortu dituen boto emaileen jatorri eta ezaugarri soziopolitikoei buruz eta bere etorkizuneko erronka eta balizko ildo estrategikoei buruz. Analisi guzti horien artean Nacho Escolarrek zuzendutako eldiario.es egunkari digitalekoak zinez gomendatzekoak dira bere mami eta zorroztasunagatik. Esparru horretan ezer gutxi geratu denez esateke, guk beste perspektiba bat jorratu nahi genuke: Podemosen etorrerak oro har Espainiako eta bereziki Hego Euskal Herriko beste alderdi ezkertiarrentzat pausatu dituen, erronka, kontraesan eta aukerena.

Izan ere, nahiz eta egia izan Podemosen arrakastaren giltzetako bat bere burua ezker-eskuin ardatzean beharrean goikoak-behekook ardatzean kokatzea izan den, ezin uka daiteke, bere maximo-pogramari begirada bat botaz gero, mugimendu (oso) ezkertiarra dela. Estrasburgoko Parlamentuan Europako Ezker Batuaren taldean sartu izanak ere berresten du Podemos argi eta garbi, eta hauteskunde estrategia konkretuak gorabehera, jokaleku politikoaren ezkerraldean kokatu beharreko fenomenoa dela.

Pablo Iglesias Podemoseko zerrendaburua eta Alfredo Pérez Rubalcaba PSOEko idazkari nagusia.

Beraz, uste dugu Podemosen agerpena onuragarria izango dela, bere horretan, usteldura zantzu gero eta nabarmenagoak dituen Espainiako sistema politikoa biziberritzeko eta herritarren partehartze politikorako bitartekoak ugaritu eta egikaritzeko bidean baina, gutxienez Podemosek berak bere indarrez egin dezakeenaren pare, ez bada nabarmenago, kontuan hartzekoa izango da Iglesiasek gidatutako alderdiak ezkerreko beste indarrengan eragin dezaken shockak ekarri ditzakeen fruituak: gure hipotesia da Podemosen arrakasta brastakoak beta eman beharko liekela ezkerreko beste alderdiei (beste kontu bat da aukera hori aprobetxatuko ote duten) zenbait automatismo antzu auzitan jartzeko, inmobilismo alderdikoiak baztertzeko edo ekintza-logika zurrunegiak laxatzeko. Labur, Alemania kristaudemokrataren gidaritzapeko Europan nagusi izaten jarraitzen duen eredu sozioekonomikoaren alternatiba sendo bat eratzen hasteko.

Hala, honako hauek dira, gure iritziz, PSOEri, EH Bilduri eta IUri Podemosen ustekabekoak bat-batekoan mahaigaineratu dizkien erronketako batzuk.

PSOEri dagokionez, eta aurretik ere zalantzarik balego, argi geratu da soziologikoki ezkertiarra den hautesleen pazientziak muga jakin batzuk dituela, eta jada aspaldikoak direla PPri bidea ixteko helburuarekin “boto utilek” PSOEren zakua gizentzen zuten garaiak. Egun, ezkerreko aldierdien aukera sorta ugaritzen doan heinean (hauteskunde hauetan: Izquierda Unida, Podemos, ERC, Herriek Erabaki, Udaberri Europarra eta abar), PSOEk trantsizioaz geroztik bozak joan bozak etorri zentro-ezkerraren eremuan ziurtatuta zeukan hegemonia higatuz doa. Gainera, badirudi Podemosen hautesle asko PSOEren boto emaile ohiak direla, IUrenak baino areago. Ahultze prozesu hori alderdi sozialistak lidergo kontuetan dituen problemen kausa edo ondorio den eztabaidatu daiteke (biak ala biak, seguruenik), baina gauza ziurra da maiatzeko emaitzek auzi hori era inoiz baino gordinagoan azaleratu dutela: Pérez Rubalcabak dimisioa eman zuen eta abian da militanteek idazkari nagusi berria hautatzeko prozesua.

Baina, sozialismo espainiarraren buru berria gorabehera, kontua da ezkerraren fragmentazio edo dibertsifikazio horrek PSOE egoera deserosoago eta nahitaez malguako batean paratuko duela; izan ere, zentro-ezkerreko indar hegemoniko (eta ia bakar) izatetik beste indar batzuekin itun gutxi asko egonkorrak bilatzera pasatu beharko baitu, bere botere guneei eutsi nahi badie bederen (Andaluziako gobernuko koalizioa ari da joera horren aitzindari izaten, eta baita dakartzan halabeharrezko tentsioen erakusle ere). Balizko PSOE-IU-Podemos akordio horietarako, berebiziko garrantzia izango du idazkari nagusi berria nor den jakiteak: ez da zaila sumatzea Izquierda Socialistako Pérez Tapias bat, esaterako, baikorragoa litzatekeela halako mugimenduetarako, Pedro Sánchez bezelako norbait baino.

Euskal Herria Bilduren interesei dagokienez ere Podemosen agerpenak eman dezake zeresanik. Ezker Anitza (IU) EAEn zatiketen ondorioz missing eta Nafarroan ahul xamar izaki, EH Bilduk zeukan Hego Euskal Herrian ezker-ezkerraren monopolioa. Maiatzaren 25az geroztik, baina, ustekabeko lehiakide berria azal dakioke. Izan ere, Podemosen emaitzak erlatiboki Katalunian izan badira ere okerren (termino absolutuetan onak izan arren, noski), hango egoeraren adierazgarri, EAEn Iglesiasen zerrenda Espainiako batez-bestekotik puntu soil batera geratu da (%6,9 vs. %7,97), eta Nafarroan, berriz, batez-besteko horretatik gora (%9,35 vs. %7,97), nahiz eta azken kasu honetan, EAJren emaitza apalak ikusita, susma daitekeen Geroa Baiko hautesle aurrerakoienak izan daitezkeela datu horren erantzule, hein batean behintzat.

Josu Juaristi EH Bilduren europarlamentaria. Europako ezkerraren taldeko kide izango da Estrasburgeko parlamentuan, IU eta Podemoseko kideekin batera.

Kontua da koalizio subiranistari konpetentzia zorrotza egiteko prest datorkeen eragile berri bat jaio dela; izan ere, Podemos lehiakide izango du EH Bilduk bai ardatz sozioekonomikoan, eta ezustekoagoa izan arren, baita ardatz identitario edo territorialean ere, ikusita Podemosek erabakitzeko eskubide delakoari eta Gure Esku Dago bezalako ekimenei eskaini dien sostengua. Maiatzaren 25 emaitzei azaleko begiratua emanez gero, egia da, balirudike Podemosek ezer gutxi kendu diola EH Bilduri, PSOEk galdutakoaren aldean batez ere, baina ezin uka epe ertainera, halabeharrez, esparru soziologiko jakin bateko hautesleei Podemosen eta EH Bilduren arteko hautua egitea egokituko zaiela. Horregatik, fenomenoa gutxietsi beharrean, EH Bilduk aukera du abertzalekeria (eta bide batez, ateraldi ia folklorikoak) baztertu eta gehiengo alternatibo berriak bilatzeko. Hots, diskurtso errepikakorrean trabatuta ez gelditzeko, Beñat Sarasolari twitterren irakurri genion bezala. Izan ere, litekeena da Podemosek bere espazioa egonkortzen badu epe ertainean bi alderdiak aliatu bihurtzera kondenatuta egotea.

Dena dela, baliteke Izquierda Unida izatea Podemosen oldarraren ostean gogoeta sakonena egin behar duena eta, horregatik, analisi objektu izateko mamitsuena. Podemos fenomenoa egonkortzen bada (eta badirudi bere hauteslegoaren ezaugarri gutxi asko homogeneoei erreparatuta bokazio hori duela), IUk bipartidismoaren alternatiba ezkertiar bakarra izateari utziko dio. Zalantzarik ez kostako zaiela halako berria dijeritzea, baina derrigor hausnartu beharko dute Podemosen emaitzak adierazten dienaz: ezkerreko hauteslegoaren parte batek, hein batean behintzat, egungo sistemaren parte gisa (hots, problemaren parte gisa) hautematen dituela, konponbidearen parte bainoago. Zentzu horretan, zenbait ekintza molde (Willy Meyer zerrendaburu hautatzeko modua, edo beste zenbait detaile) auzitan jartzeko aukera du koalizioak, eta halaber, betiereko oposizio ziurtatu bezain erosoa ahaztu eta benetako alternatiba bat plantan nola ezarri pentsatzen hastekoa. Erruzko heldugabetasun horretatik ateratzekoa, esango genuke, Kanti esamoldea lapurtuta. Izan ere, trantsizioaz geroztik zenbakiek halako zerbaitetarako aukera ematen dute: Madrileko Erkidegoan, adibidez, non Podemos hirugarren indarra izan den, Podemosen eta IUren botoak elkartuko lituzkeen SYRYZA estiloko balizko fronte zabal batek botoen %21,79 bilduko lituzke (jo dezagun elkarrekin aurkezteak ez liekeela botorik galduaraziko, zeina oso zalantzazkoa den); alegia, ezkerreko alternatiba zabal batean kide litzatekeen PSOEren %18,94aren gainetik. Horregatik, nahiko zentzuduna deritzogu Alberto Garzón bezelako jendeak Podemosen goraldiaren aurrean hartutako jarrerari: mehatxu gisa edo fagozitatu beharreko indar gisa ikusi beharrean, alderdi berria maila bereko aliatutzat jotzea, akordio zabal eta estrategia bateratuak (hauteskundeetara nahitaez elkarrekin aurkeztea inplikatzen ez dutenak) lantzeko bidean.

IUko Alberto Garzón eta Podemoseko Pablo Iglesias, Espainiako ezkerraren oraingo eta etorkizuneko erreferente dira.

Dena dela, datorren urteko azaroko hauteskunde orokorrei begira, hauteskunde sistema (bai D’Hondt kontaketa sistema eta bai, batez ere, hautesbarruti probintzial txikiak gehiengo izatea Espainian) pizgarri indartsua izango da IU eta Podemos elkarrekin aurkeztu daitezen, behintzat Kongresurako eta Senaturako eserleku gutxi banatzen dituzten eta, beraz, alderdi eta koalizio txikiei proportzionala litzatekeen baina ordezkaritza txikiagoa ematen dieten hautesbarruti txiki eta ertainetan. Baliteke, ostera, Madrilen, Bartzelonan, Valentzian, Sevillan eta beste hautesbarruti handietan (edo, akaso, hautesbarruti guztietan) aparte aurkeztea hobestea, batez ere Podemosi komeni zaiolako jaio eta gutxira alderdi tradizional baten barruan ez disolbatzea.

Laburtzeko, baina, esan daiteke alderdi morearen etorrerarekin, hainbeste aipatzeaz jada gastatzekotan dauden politikaren eta hauteskunde panoramaren biziberritze, zaharberritze, eraberritze eta antzekoek gauzagarriagoak diruditela. Aipatu gabe egungo establishmentaren okerrena sinbolizatzen dutenak hain urduri ikustea seinale ona baino ezin daitekeela izan, oro har Podemosen jaiotza eta berehalako arrakasta onuragarritzat jo daiteke bere kabuz egin ditzakeen ekarpenengatik, eta orobat (edo batez ere) egungo ordena ekonomikoari alternatiba sendo bat aurkezteko prest leudekeen beste mugimendu politikoei zeharka mesede egin diezaielako, alderdikeria egoistak baztertuta, beren ahaleginak alternatiba sendo, zabal eta plural hori egikaritzera bideratu ditzaten.

Izenburua: El ordenamiento jurídico. Egilea: Santi Romano. Jatorrizko hizkuntza: italiera. Irakurketa hizkuntza: espainiera. Urtea: 1918. Argitaletxea: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Post hau liburu kritiken multzoan sartuko beharko dugu halabeharrez-edo, baina nekez topatuko du bertan irakurleak kritikaren edo analisi sakonaren zantzurik. Izan ere, Zuzenbidearen Teoria Orokorraren bideak, oro har, berez izaki sasitsuak, Santi Romanoren L’ordinamento giuridico bereziki nabarmentzen da bere konplexutasunean. Beraz, gure disekzio-esfortzuak legelari italiarraren pentsamenduaren sare trinkoetan galdu daitezen saiheste aldera, hobe edukiaren axaleko aurkezpen bat egitearekin konformatzea, segidan sarreraren mamia izango den excursus (juri)linguistikoan bete-betean sartu baino lehen.

Santi Romano legelari italiarra, L’ordinamento giuridicoren egilea.

Tira: zer da Zuzenbidea? Arau (eta printzipio) multzo bat. Horixe da, gutxi asko eta kasuan kasuan gehi dakizkiokeen beste datu eta informazio gehigarriekin, noizbait legelari izateko esperantzan Zuzenbide fakultatean hasten denak jaso ohi duen lehenengotariko definizioa. Araua, eta legea zehazki, kokatzen da Zuzenbidearen erdigunean. Egia da positibismo legalistak aspaldi jo zuela bere gailurra, eta legeak sistema juridikoan duen zentraltasuna inoiz baino higatuago dagoela gaur egun (Zuzenbidearen definizioko “eta printzipio” hori datu esanguratsua da zentzu horretan), baina, halere, ezin ukatu Zuzenbidearen ideia arauaren inguruan eraikitzen jarraitzen dela hein handi batean. Bada, Santi Romanok L’ordinamento giuridico argitara eman zuen garaian (1918an, alegia) are nabarmenagoa zen arau formalaren eta, batez ere, legearen monopolio hori.

Italiako Estatu Kontseiluko buru ere izan zenak tema berezia eskaintzen dio, beren lanaren hasieran, arauari ordena juridikoan damaion lekua zehazteari: ez du inolaz ere ukatzen errealitate juridikoa ulertzean eta aztertzean arauei rol erabakigarria eskaini behar zaienik. Are, onartzen du problema juridiko batzuetan Zuzenbidearen analisia arauen analisia baino ez dela izango. Baina Romanoren pentsamenduaren arabera Zuzenbidea ez dira arauak soilik, inondik ere. Bere idazlan honen bitartez, Romanok teoria instituzionalista edo ordinamentala deitu izan zaiona plazaratzen du (Hauriou frantsesak ere garatu zuena, nahiz eta Romano bera honen teoriengandik urruntzen saiatzen den testuan). Bere ustetan, Zuzenbidea arauetatik askoz haratago doan fenomenoa da, eta errealitate juridikoari itsukeriaz erreparatuta baino ezingo litzateke Zuzenbidea den fenomeno sozial zabal hori soilik arauetara mugatu. Hala, Zuzenbidea ordinamento giuridico edo ordena juridiko kontzeptuarekin parekatzen du, eta biak ala biak instituzioarenarekin, bere barrenean, besteak beste, arauak onartzen eta indartzen dituzten iturriak ere sartuz (guk ondo ulertu baldin badugu bederen, esan baitugu ez dela irakurketa xamur-xamurra, hain zuzen…). Hala, antolaketak, egiturak, ordenak, instituzioak, dute garrantzia Romanoren pentsamenduan, eta arauen fetitxismo moduko batetik urruntzeko nahiean efektibotasun printzipioa eta antzeko tresna teorikoak darabiltza Zuzenbidea, bere ustetan, zertan datzan azaltzeko. Lehen zatia ordinamento giuridico hori zertan den azaltzera eskaini ostean, existitzen diren ordena juridikoen arteko harremana eta elkarreragina aztertzeari ekiten dio bigarrenean.

Baina gatozen, zorabiagarriak izatera ere irits daitezkeen teoria hauek trakeski esplikatzeko gure saiakera apala egin ostean, Romanoren lanak iradoki digun eta hasieran aurreratzen genuen digresio linguistikora: nola esan ordinamento giuridico? Boteprontoan 5 modu ezberdin bururatzen zaizkigu baina, horiei heldu baino lehen, ikustagun italiera ez beste hizkuntza europarretan nola eman duten Romanok famatutako kontzeptu hau.

Hasteko, eta kontua uste zitekeen bezain erraza ez dela frogatzeko, ordinamento giuridico sarrerak ez du Wikipedian ez ingelesezko ez frantsesezko baliokiderik. Espainolez da kontua errazen: etimologia lagun, ordenamiento jurídico guztiz errotua dago praktika juridikoan, gero Espainiako Konstituzioari begirada bat botatzean egiaztatuko dugunez. El ordenamiento jurídico da, hain zuzen, guk irakurri dugun gaztelaniazko bertsioaren izenburua. Espainian ofizial diren katalanak eta galizierak, hauek ere etimologia lagun, ordenament jurídic eta ordenamento xurídico ematen dute. Portugesez ere, ordenamento jurídico.

Esku artean izan dugun espainierazko itzulpena: El ordenamiento jurídico.

Alemanierari heltzean hasten da kontua kolore zertxobait hartzen: Rechtsordnung; ordena juridikoa, alegia (gure aleman kaxkarrak traizio egiten ez badigu behintzat). Rechtsordnung izenburuz itzuli zuten hain zuzen Romanoren obra, Sebastián Martín-Retortillok bere hitzaurrean dioenez. Wikipediak txekierazko, polonierazko, eslovenierazko eta estonierazko ordainak ere eskaintze baditu ere, penaz aitor dugu horiek eremu ilunegiak direla guretzat ganorazko ezer esateko. Wikipediak frantsesarekin esku hutsik utzi bagaitu ere, badakigu L’ordinamento giuridico L’ordre juridique (hots, ordena juridikoa) gisa itzuli zutela frantsesera. Eta hizkuntzen itzuli osoa amaitu eta berriz hasierara iristeko, interes berezia du ingelesarekin gertatzen denak: hiztegiek legal system (hots, sistema legal edo lege sistema) gisa ematera jotzen badute ere, zinez esanguratsua da Santi Romanoren lanari buruzko artikulu batek bere laburpenean dioena: “The first part of this essay […] provides an outline of Romano’s theories; this account is intended to be sufficiently robust to benefit an English-speaking readership for which there is still no translated version of L’ordinamento giuridico available“. Alegia, ez dagoela ordinamento giuridico ingelesez emateko itzulpen adosturik. Jakinik ingelesez law-k zein esanahai zabala duen, horrekin eta legal system-ekin konformatu behar.

Hortaz, nola esan ordinamento giuridico? Lehenago aurreratu bezala, badira 5 aukera bederen:

  • Ordena juridikoa: hitzez hitz ez aipatzen saiatu garen arren, beste erremediorik izan ez dugunean horrelaxe eman dugu artikulu honetan bertan. Hautu hori egiterakoan gogoan izan ditugu Ibon Sarasolak bere Euskara batuaren ajeak liburuan emandako tesi orokorrak (Sarasolak, baina, legeria hobesten du liburu horretan bertan ordinamento giuridicoren ordain gisa[1]), ikusita ordenamendu testu juridiko itzulietan baino topatzen ez dela eta frantsesak nahiz alemanak bide honetatik jotzen dutela. Horrez gain, espainieraz ere orden jurídicok badu predikamendua, nahiz eta ordenamiento jurídico jaun eta jabe izan gaur egun. Nolanahi ere, ez dugu ezein lege testutan horrela adierazita ikusi, eta Wikipediak Zuzenbideari eskinitako orrialdean “ordena juridikoa” aipatzen badu ere, guztiz bestelako esangura batez egiten du. Esan bezala, hauxe da gure hautua, baina plazer handiz utziko dugu argudio sendoz konbentzi gaitzaten beste baten alde.
  • Ordenamendu juridikoa: lehen erdi-aipatu dugun bezala, espainieraz ezin zabalduago dago ordenamiento jurídico, lehenik eta behin Konstituzioan bertan. Gaude ordenamendu juridiko dela bere ordainik ohikoena testu itzulietan. Halaxe ematen du EHUk argitaratutako eta besteak beste Ibon Sarasolaren beraren aholkularitzarekin egindako itzulpenak.
  • Antolamendu juridikoa: zalantzaz uzten gaituen izen honekin ematen du Konstituzioko ordenamiento jurídico Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) Konstituzioaren bere itzulpenean. Ezin uka antolamendu horrek baduela Romanoren teoria instituzionalistaren oihartzunik.
  • Sistema juridikoa: ingelesaren bidetik jota posible litzakeen izendapena da, baina beldur gara ez ote den lausoegia. Gainera, egokia dirudi ordena juridikoa baina zabalagoa den eta praktika juridikoa nahiz eragile eta usadio juridikoak barnebiltzen dituen zera bat izendatzeko. Ez da baztertzekoa, edonola ere.
  • Araubidea: oso oker ez bagaude, orain liburu berria kaleratu berri duen Pello Salabururi irakurria diogu Euskararen etxea bere lanean, ordenamendu juridikoaren aldeko hautua kritikatuz hain zuzen. Ez diogu itxura txarrik hartzen, baina akaso aproposagoa da esanahi generikoago baterako, araudiren sinonimo gisa edo.
  • [Bonus track] Jada pixka bat arkaiko edo behintzat Axular-style geratu zaigun 1978an bertan egindako itzulpenak lege araugintza edo araugintza juridiko gisa (1. eta 9. artikuluetan, hurrenez hurren) ematen du Espainiako Konstituzioko ordenamiento jurídico.

Erakusten saiatu garen bezala, badirudi badirela ordinamento giuridico esateko hainbat modu zilegi. Guk egina dugu gure behin-behineko hautua, norbait beste hobe batekin konbentzitzen saiatzen den bitartean. Horretarako, artikulu hau argitaratzearekin batera, azpiko inkesta jartzeaz gain, gure erreferentziazko txiolari juridikoei galdetuko diegu, ea zer izendapenen alde jotzen duten.

 

[1] Legeriaren hautua ezinezkoa iruditzen zaigu, Romanoren tesiari jarraiki hain zuzen: Zuzenbidea ez bada arauetara mugatzen, are gutxiago legeetara. Izendapen alternatibo sendoagoak daudela ikusita, uste dugu badagoela nahiko motibo legeria, adiera horretarako behintzat, baztertzeko.